CEDE, UAM, Justicia y Derechos

Vaya reto que tiene enfrente el Juez Décimo de Distrito en materia administrativa en la CDMX. Debe resolver sobre una demanda de amparo, ya admitida, presentada por directivos del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones (CEDE) de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Alegan, con razón, que de manera arbitraria se les está despojando de su espacio de trabajo y, en los hechos, cancelando el exitoso programa académico que el Centro encarna desde hace más de 30 años.

Es un programa que desde 1991 nos ha prestado servicios invaluables de información y reflexión sobre nuestro abigarrado sistema electoral, su historia y perspectivas, pero sobre todo, sobre nuestras elecciones. Cuenta con repositorio documental, memoria institucional y datos y estadística electorales insustituibles.

La autoridad ejecutora del acto reclamado carece de atribuciones expresas en la materia, y parece que solo acata orden de la alta dirección, o que ésta voltea a otro lado. La Cámara de Diputaciones ya detectó el tema y en el Senado discurre por los pasillos un inminente pronunciamiento formal sobre este asunto.

Expulsar al Centro de su sede tradicional sin aviso previo, sin ofrecer reubicación clara y oportuna en lugar y espacio similares, habla también de mala planeación y peor ejecución, culposas o dolosas, de un programa de remodelación que parece no tener pies ni cabeza.

Todo esto parece indicar que estamos ante conductas claramente constitutivas de faltas graves en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, como abuso de atribuciones y desvío de recursos públicos, en los términos de la Ley General de la materia, circunstancia de la que debería tomar nota el órgano interno de control de la institución educativa.

Inclusive, creo que un buen abogado penalista encontraría rápidamente presuntas responsabilidades penales, por la probable comisión de delitos como ejercicio abusivo de funciones y quizá hasta uso ilícito de atribuciones y facultades.

La autoridad judicial competente tendrá que resolver el amparo desde tres orientaciones de la más sofisticada argumentación jurídica: principio pro-persona, interpretación conforme y control de convencionalidad. Estamos en presencia de violaciones de derechos fundamentales que se deben resguardar a toda costa, como el derecho al trabajo decente, a la educación, a la cultura, a la buena administración, a la rendición de cuentas y, claro, a un ambiente libre de corrupción.

El derecho humano más en peligro con este asunto es uno que la Suprema Corte determinó recientemente: el derecho a defender la democracia, y lo que el CEDE y su personal hacen cotidianamente es una expresión particular pero auténtica y legítima de esa defensa. Interrumpirla es contradictorio con los deberes de cualquier universidad. Todo esto no se soluciona con comunicados sino con diálogo, información y buena fe. Y parece que la solución viene en camino. Que así sea. El CEDE no está solo y sus directivos tampoco.

@ElConsultor2