Cambio de timón en el presupuesto público

Históricamente, ochenta centavos de cada peso del presupuesto público están comprometidos, independientemente del grupo político que gobierne el país. Sin embargo, este margen se está reduciendo de manera dramáticamente, sin que se vislumbre un cambio pronto. Esta situación se ha generado por un incremento sostenido del gasto público, sin que lo recaudado, también en montos históricos, sea suficiente para suplir el creciente déficit.

Mensualmente, el gobierno pide prestado en promedio 3,000 pesos por cada habitante para terminar el mes. A este ritmo no habrá dinero que alcance sin que volvamos a las crisis sexenales del siglo XX. En el camino, hemos acumulado muchas oportunidades perdidas.

Un primer ejemplo de oportunidad perdida fue la no apertura del sector petrolero. México se tardó en abrir su industria al capital foráneo: que Pemex hiciera todo nos costó perder oportunidades de oro, que literalmente han aprovechado en EE.UU., o, países como Guyana, que pasó de un PIB de 6,775 en 2020, a 29,675 dólares por persona en 2024 (http://bit.ly/4uZwyNh); generado por el boom petrolero que han vivido, y que México pudo aprovechar desde principios de siglo XXI. Pasamos de “administrar la abundancia” a la quiebra técnica de Pemex en 2026.

Otra explicación de nuestras frágiles finanzas públicas se debe al debilitamiento sistémico del Estado de Derecho. Hemos estado acostumbrados a que las instituciones (policías, fiscalías, jueces y congresos) sean usados por los grupos políticos para sus vendettas personales y de negocios. Lo mismo se simulan concursos en las licitaciones que se encarcelan opositores políticos o a familiares. Esto no es nuevo, pero se ha agravado considerablemente en los últimos años. Las fiscalías son autónomas sólo en el papel, la ciudadanía no tiene mecanismos eficaces para controlar actos autoritarios. Muchas veces quien gana un litigio, no es quien tiene la razón, sino quien tiene más poder para torcer la realidad. Todo esto pinta para empeorar con la elección de jueces. No es gratuito que de los mas de 200 proyectos petroleros en los que el gobierno invitó a particulares a invertir, menos del 10% presentaran una propuesta seria. Si no hay reglas claras, no hay inversión privada, y en consecuencia menos impuestos qué cobrar y menor actividad económica.

Finalmente, si hay tan poco margen en los gobiernos para gastar, cuando se vuelven avaros o derrochadores, las cosas empeoran. Por ejemplo, el personal de salud y los usuarios del IMSS, ISSSTE e ISSFAM se quejan de falta de medicamentos, pero se agrava la crisis en lo que no se ve: cada vez más hospitales públicos “esterilizan” agujas espinales, indispensables para operar y cuya segunda utilización está prohibida en las guías de seguridad hospitalaria y que se reflejan incluso en procesos descritos en la Ley General de Salud para certificación de hospitales. Y si son derrochadores, también todos perdemos por años: obra pública que no genera beneficio acorde al gasto invertido es dinero mal gastado que todos pagamos con deuda pública.