Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM
Lo ocurrido en días recientes en torno al concierto World Hottest Tour del cantautor puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio –conocido artísticamente como Bad Bunny–, quien se presentó en el Estadio Azteca, ha sido motivo de un gran escándalo, luego de que a miles de asistentes se les negó el acceso, a pesar de haber comprado sus boletos en la plataforma Ticketmaster.
“El fraude más grande la historia y la empresa más corrupta del país. Todos en algún momento hemos tenido un problema con Ticketmaster y nadie te ayuda. ¿Hasta cuándo @Profeco?”; “Que feo tener que celebrar que el boleto que compraste a Ticketmaster pasó sin problemas para entrar a un concierto”, escribieron indignados usuarios de twitter, cuyos boletos fueron clonados o cancelados y se vieron imposibilitados poder ingresar al estadio.
Las protestas de los fanáticos obligaron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a intervenir para tratar de buscar una salida al conflicto. Su titular Ricardo Sheffield, explicó que recibió mil 600 solicitudes de reembolso de personas que no pudieron acceder al concierto y adelantó que Ticketmaster, empresa que inicialmente se deslindó de las irregularidades detectadas, tendrá que otorgarles una indemnización extra del 20 por ciento, además de que muy probablemente podría ser multada con hasta el 10 por ciento de los ingresos que obtuvo durante el año pasado.
Sin duda, comprar una entrada para un espectáculo puede ser increíblemente frustrante y decepcionante, máxime si existe la posibilidad de que ésta sea falsa. No sólo se pierde el espectáculo que esperaba, sino también el dinero que se había gastado en la entrada. Por desgracia, estas estafas son un problema común, pero hay medidas que se pueden tomar para protegerse y buscar justicia si acaba siendo defraudado.
Por lo pronto, en el Senado de la República, Ricardo Monreal –coordinador de la bancada de Morena–, presentó una iniciativa mediante la cual se pretende regular la venta de boletos para conciertos y eventos, a fin de evitar los abusos de sobreprecios, como al que me he referido.
En la propuesta se busca modificar los artículos 76 Bis 2 y 76 Bis 3 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se propone que el proveedor que ofrezca o comercialice boletos para eventos públicos deberá abstenerse de realizar cargos por servicio, comisiones, cobros por impresión, cobros por entrega del producto o análogos, cuya totalidad supere una séptima parte del costo del boleto.
Todo ello, para frenar el sobrecosto abusivo que se impone a los consumidores
El portal de noticias peruano RPP, considera que en lo que va del año –luego de la reactivación económica, tras el descenso de los contagios por COVID-19–, las estafas de boletos adquiridos a través de internet es un problema que se ha agudizado a nivel internacional. “La venta de entradas aún no ha vuelto a ser presencial, por lo que las colas virtuales se han convertido en un dolor de cabeza para todos los aficionados” y cita un estudio realizado por ESET, la compañía de software especializada en ciberseguridad, que “ha alertado sobre un incremento en las estafas de venta de tickets por Internet en lo que va de año, que han aumentado más de una quinta parte desde el año anterior, según sus investigaciones".
En México, la impunidad con la que operan los revendedores de boletos para eventos masivos y la falta de regulación en esta materia –que permite que empresas como Ticketmaster y Ocesa estén apoderadas de la venta del boletaje y contratación de artistas nacionales e internacionales–, nos obligan a hacer algunas reflexiones. Por ejemplo, es importante comprar los tickets sólo en fuentes fiables. Esto significa evitar sitios web o personas que no conozca o en las que no confíe. Asimismo, de preferencia comprar los boletos directamente en el lugar del espectáculo o a una empresa o vendedor de confianza, que supuestamente disponen de sistemas para verificar la legitimidad de las entradas que venden.
Igualmente, evitemos imprimir las entradas en negocios públicos de internet, no subirlos a las redes sociales, ni tampoco tomarles fotografías. En algunos casos –y obviamente siempre existe gente aprovechada–, muchos compran boletos “de oportunidad” –seguramente falsificados–, a sabiendas de que su precio está muy por debajo de lo que un boleto legítimo costaría, y esto puede considerarse un delito. Entre algunos otros consejos, en caso de dudas, algunos expertos recomiendan realizar una captura de pantalla o copiar la URL de referencia, para enviarla a la Policía Cibernética (correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono 5242 5100 ext. 5086), y corroborar si la página en cuestión es legítima o ha sido denunciada por los usuarios.
Vale la pena señalar que Ticketmaster es una empresa que no sólo ha tenido problemas por sobreventa y boletaje a precios muy altos en México. También los ha enfrentado en España, Perú y Estados Unidos. Información de The New York Times revela que el Departamento de Justicia de ese país abrió una investigación antimonopolio sobre Live Nation Entertainment, empresa propietaria de la boletería, luego de que la venta de entradas para los conciertos de Taylor Swift se convirtió en un caos. La investigación busca demostrar si esta ha abusado de su poder sobre la multimillonaria industria de la música en vivo.
Lo sucedido la semana pasada en el Estadio Azteca –durante las presentaciones de Bad Bunny, es un ejemplo evidente de la violación a los códigos de ética comercial, en perjuicio de miles de usuarios, y obliga a las autoridades y a los legisladores a tomar medidas, para castigar con mayor rigor la posible sobreventa o fraude en la comercialización de entradas a eventos masivos.
En este caso –y sin pretender adelantarnos a las investigaciones que la Profeco está obligada a realizar de manera exhaustiva –, es importante esclarecer si se trató de un inesperado fallo del sistema o si los trabajadores de Ticketmaster están involucrados directamente en la sobreventa de boletaje. En ambos casos la responsabilidad recaería sobre la empresa y las sanciones o correctivos seguramente serán un escarmiento que quede como precedente, cuando se intenten vulnerar los derechos de usuarios y consumidores.
Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM