Control político sin coercibilidad: el vacío constitucional

La citación del Senado a la gobernadora de Chihuahua es, sin duda, un episodio de confrontación política. Pero reducirla a eso sería un error de lectura, ya que el caso también revela una falla estructural en el diseño constitucional mexicano, concretamente, la ausencia de un mecanismo claro y eficaz de control federal cuando hechos locales inciden directamente en la seguridad nacional y en la soberanía del Estado. Este asunto tiene su origen en la presunta participación de agentes de la CIA en al menos tres operativos antidrogas en Chihuahua durante 2026, intervención que, de confirmarse, supondría una tensión directa con el modelo constitucional de seguridad y potencias extranjeras que merece análisis a la altura de su gravedad.

El punto de partida no admite ambigüedad. De conformidad con nuestro régimen constitucional, la cooperación con agentes extranjeros en materia de seguridad no es una facultad disponible para las entidades federativas, sino un ámbito reservado a la Federación, y no por una lógica centralista, sino por la propia naturaleza de los bienes jurídicos involucrados. La soberanía no se administra territorialmente, ni la inteligencia se fragmenta sin generar riesgos sistémicos; por ello, la Constitución y la legislación en materia de seguridad nacional construyen un modelo de centralización funcional que exige coordinación, control y conducción federal. Que la cooperación haya operado al margen de ese modelo -y bajo encubrimiento- agrava cualitativamente el problema.

Es bajo esta óptica que la actuación del Senado revela sus límites constitucionales. El artículo 76 no le reconoce facultad directa para citar obligatoriamente a titulares del Ejecutivo estatal; la comparecencia carece de coercibilidad jurídica, como lo admitió el propio promotor del acuerdo al señalar que no habrá sanción si la gobernadora Campos no asiste. Entonces, estamos ante una especie de control político sui generis que, aunque relevante en términos de deliberación pública, es insuficiente como instrumento constitucional. El juicio político -artículo 110 constitucional- y la declaración de procedencia -artículo 111constitucional- constituyen las únicas vías mediante las cuales la Federación puede intervenir jurídicamente en la responsabilidad de una gobernadora; ambas de alto umbral, activación excepcional e iniciadas en la Cámara de Diputados. La consecuencia es un vacío operativo, porque el sistema constitucional distribuye competencias pero no articula un mecanismo eficaz de control vertical cuando la actuación local compromete intereses nacionales.

Hay, además, un elemento que agrava la inconsistencia del modelo: en un sistema de seguridad tan centralizado como el mexicano, resulta poco verosímil que una operación con participación de agentes extranjeros se haya desplegado sin conocimiento de instancias federales. Si no hubo conocimiento, el problema es de desarticulación institucional grave; si lo hubo, la reacción del Senado deja de ser control externo para convertirse en una tensión interna del propio aparato estatal; en ninguno de los dos escenarios el modelo constitucional ofrece una respuesta adecuada.

La discusión no puede quedarse en la superficie, pues no se trata únicamente de decidir si el Senado puede o no citar, sino de reconocer que el diseño constitucional carece de respuesta para este tipo de conflictos; y mientras ese vacío persista, la defensa de la soberanía seguirá dependiendo más de gestos políticos que de instituciones jurídicas sólidas.

Obiter dicta

Cuando la Constitución no prevé cómo resolver tensiones previsibles, las instituciones improvisan. En materia de seguridad nacional, esa improvisación erosiona la certeza jurídica y debilita la capacidad del Estado para actuar con unidad. La solución pasa por construir mecanismos de coordinación y control que hagan compatible el federalismo con la defensa efectiva de la soberanía.