El aborto en México y América Latina: un giro hacia la salud pública y la dignidad humana

La reciente despenalización del aborto a nivel federal en México no solo marca un hito en la historia de los derechos reproductivos en América Latina, sino que también resalta la necesidad imperante de abordar el aborto como un tema de salud pública. Esta decisión, tomada por la Suprema Corte de Justicia, subraya la importancia de garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Esta perspectiva no implica que se esté promoviendo el aborto como una solución al embarazo irresponsable, sino que se reconoce la urgencia de proteger la vida y la salud de las mujeres.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) –organización que ha trabajado extensamente en la defensa y promoción de los derechos reproductivos en México–, jugó un papel importante en el proceso de despenalización. Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la par de considerar que el dictamen del tribunal “es un testimonio de la importancia de contar con un poder judicial independiente comprometido con la defensa de los derechos humanos”, llamó a tomar medidas inmediatas para implementar la decisión.

Históricamente, en México, miles de mujeres han fallecido a causa de prácticas insalubres para abortar. De acuerdo al diario La Jornada, especialistas aseguraron que, en 2022, se contabilizaron más de 6 mil muertes de mujeres por abortos inseguros en el país, aunque las cifras podrían ser mayores, ya que estos pueden ser difíciles de rastrear con precisión debido a la clandestinidad y estigmatización que rodea al tema. El aborto ya ha sido despenalizado en 12 estados: Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa y Quintana Roo. El fallo más reciente tuvo lugar en Aguascalientes, reflejando una tendencia creciente hacia la despenalización en el país.

La posición de la Iglesia en México ha sido tradicionalmente contraria a la despenalización del aborto. Sin embargo, la decisión de la Suprema Corte se basa en argumentos jurídicos y de derechos humanos, más que en creencias religiosas. La penalización del aborto no ha demostrado ser efectiva en proteger la vida prenatal. En cambio, ha llevado a situaciones de riesgo para la salud y la vida de las mujeres.

En América Latina, la situación es diversa. Aunque cinco países contemplan una prohibición absoluta del aborto, otros, como México, Argentina y Colombia, han avanzado hacia su legalización. Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica tienen legislaciones restrictivas y solo despenalizan el aborto en caso de peligro para la vida o salud de la embarazada. En contraste, países como Chile y Brasil han incluido causales como violación e inviabilidad del feto en sus códigos penales. El aborto legal es una medida reclamada durante años por muchos colectivos de mujeres en América Latina, pero también tiene muchos detractores.

Y no es para menos. El tema es de por sí controvertido. Aquellos a favor de su despenalización argumentan desde una perspectiva planteada en evidencias científicas y de salud pública, aunque también debemos admitir que la postura pro vida se basa en argumentos dogmáticos y religiosos que consideran la vida desde el momento de la concepción. Rodrigo Guerra López, filósofo y teólogo, director del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV) en Querétaro, ha defendido la postura pro-vida desde una perspectiva filosófica y ética, argumentando que el feto es un ser humano desde el momento de la concepción y tiene derechos inherentes.

Por su parte, quienes conforman el bloque "Ni-ni" –que en el contexto del debate sobre el aborto tiene una postura ambivalente, sugiriendo que éste debería ser legal, pero con restricciones–, a menudo basa su postura en creencias personales, morales o políticas, en lugar de evidencia científica o derechos humanos. Por ejemplo, podrían estar de acuerdo con el aborto en casos de violación o peligro para la vida de la madre, pero en desacuerdo en otros casos.

No obstante, considero que el aborto debe ser considerado como un derecho reproductivo y una expresión de libertad personal. Tanto Christine Overall –filósofa canadiense especializada en teoría feminista y ética aplicada, quien fue galardonada con la Medalla Abbyann D.

Lynch en Bioética en 2006– y Judith Jarvis Thompson la filósofa estadounidense fallecida en 2020, conocida por su influyente artículo "A Defense of Abortion", famosa por su "dilema del tranvía", un experimento mental en ética–, han planteado argumentos éticos y filosóficos sobre la autonomía reproductiva, y en defensa del derecho al aborto.

El doctor Mario Sebastiani, –integrante de la división de Tocoginecología y miembro del Comité de Bioética del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, quien ha publicado relevantes análisis sobre el aborto–, destaca que este no debe ser una lucha religiosa, sino una cuestión de salud pública y dignidad humana. Lo cierto –y existe un cúmulo de evidencias sobre el particular–, su penalización no ha reducido su incidencia. En muchos países latinoamericanos como Argentina y México, por citar un par de ellos, las cifras de abortos clandestinos y sus complicaciones son alarmantes, de ahí que la plausible decisión de la Suprema Corte de México, para reconocer y proteger los derechos reproductivos de las mujeres, pero es también esencial que la sociedad reconozca el aborto como un bien común y un componente esencial de la libertad reproductiva.

La despenalización del aborto en México es el reflejo de un cambio de paradigma en la región y es un paso crucial; un reflejo de una sociedad en evolución, que busca equilibrar derechos, salud y creencias. Por ello es esencial que se continúe trabajando para garantizar su acceso seguro y legal y para educar a la sociedad sobre la importancia de este derecho. Sin embargo –como lo manifesté al inicio de esta reflexión, sobre este tema tan polarizante–, ello no implica promover el aborto como una solución al embarazo irresponsable, sino reconocer de qué forma lo abordamos y cómo protegemos los derechos reproductivos y la salud de las mujeres en el siglo XXI. Y en este camino, resulta esencial que el análisis y el diálogo prevalezcan sobre el estigma y la desinformación.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM