El año termina con un nuevo capitulo en el conflicto entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Cámara de Diputados. El viernes 17 de diciembre, el Instituto decidió suspender el proceso de revocación de mandato, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia constitucional presentada por el Instituto por el presupuesto asignado para el próximo año.
El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, afirmó que dicha cámara acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Suprema Corte, por lo que él considera una violación a la Constitución y a la Ley de Revocación de Mandato.
Sostiene que los consejeros que aprobaron dicho acuerdo incurrieron en un delito penal.
Los hechos son los siguientes. En su proyecto de presupuesto el INE solicitó, en números redondos, 3 mil 800 millones de pesos para la realización de la revocación de mandato. La Cámara de Diputados sólo le autorizó al INE mil 500 millones de pesos, ante lo cual, éste presentó una controversia constitucional ante la SCJN, la cual recibió, turno, rechazó otorgarle la suspensión provisional y se fue de vacaciones.
El INE reaccionó ante la decisión de la SCJN y aprobó en una votación dividida 6 a favor y 5 en contra posponer la revocación de mandato. El propio Lorenzo Córdova aceptó que cuentan con mil 500 millones de pesos y que con ahorros de diversa naturaleza pueden obtener otros 300 millones; por lo cual sugiere que ni siquiera se tendría que esperar a la resolución de la Corte, pues el Ejecutivo o la Cámara de Diputados podrían hacer un ajuste presupuestal de 2 mil millones de pesos y con esto tener los recursos para la realización de la consulta de revocación de mandato.
El INE es una institución fundamental del Estado mexicano y lo defiendo como tal, pero considero que posponer la revocación de mandato fue un error y una violación a la Constitución y a la ley en la materia, que el TEPJF y la propia SCJN tendrán que corregir, eso si cuando regresen de vacaciones.
No considero que exista responsabilidad penal.
Ni el INE, ni ninguna otra institución pueden suspender un proceso constitucional en curso. Se necesitaría una causa de fuerza mayor, que por supuesto no es la falta de presupuesto. ¿Qué ocurrirá? El Tribunal y la Corte ordenarán al INE continuar con el proceso de revocación.
En enero, sabremos si la SCJN instruye otorgar más recursos al INE. No los que éste pida, sino sólo los necesarios. En todo caso, el proceso de revocación se realizará. La política es de bronce.