El malentendido derecho

El derecho, ejercido profesionalmente, nunca ha tenido buena fama. De algún modo, las sociedades logran conciliar el anhelo de vivir en un Estado de Derecho con mayúsculas (osea uno en donde la ley se respete) con un desprecio más o menos abierto a los operadores jurídicos que se dedican a estudiar, interpretar o hacer valer esas mismas leyes. La total disociación entre la figura del ministerio público como representante social y quienes la encarnan (agentes y fiscales), y la desconfianza pública que generan, es un ejemplo ilustrativo, pero no el único. La absoluta indiferencia con la que las personas fuera del gremio jurídico han recibido la reforma judicial, es otro. Y ahora que lo pienso, nunca he oído a nadie, dentro de sus lamentos por cualquier problema nacional, desear que "ojalá hubiera más abogados".

Se entiende, y creo que al menos en parte, tiene que ver con la naturaleza específica del derecho como área especializada del conocimiento humano, que se materializa sobre todo en un lenguaje específico (como todas las disciplinas sapienciales) pero que aplica a situaciones con las que todo el mundo se puede identificar y que, por ende, todo mundo cree entender perfectamente. Quizás sea difícil encontrar a un ciudadano de a pie al que le preocupe la obsolescencia de las teorías del cambio social (que lo resuelvan los sociólogos), pero cualquiera puede adoptar una posición clara si una señora denuncia en redes sociales que "el banco le quiere quitar su casa" o que "es más importante lo que está pasando en Gaza" que los perjuicios que pueda haber por bloquear una avenida. Y para eso solo se necesita sentido común y cierta superioridad moral, que al ser humano le sobra. Por eso decía un maestro mío que los mexicanos no seremos muy justos, pero sí justicieros, porque para esto último solo se necesita indignación y desinformación.

Cualquier controversia jurídica vista superficialmente nos permite verla como un problema moral, maniqueo, y es fácil ponernos del lado de los buenos (ósea de la señora, no del banco, porqué cómo). Pero la legalidad, que es indisociable de la justicia en los países civilizados, es un tema mucho más complicado. Y cuando el problema se vuelve materia de hechos controvertidos, pruebas imperfectas y leyes poco claras (ósea, se vuelve real), se necesitan abogados, y la gente nos pierde la paciencia fácilmente. Pero los tecnicismos jurídicos no son mañas o chicanas, diseñados para que las personas no entiendan una situación. Suelen ser producto de una tradición vastísima de la cultura de un país y de sus formas de resolver los problemas prácticos. El derecho tiene tecnicismos porque es, ante todo, una técnica. Es cierto que algunos leguleyos usan la ley como herramienta para hacer cochinadas (porque como toda herramienta, se puede hacer buen o mal uso de ella) pero de esos hay en todas las disciplinas, y hasta filósofos hay que se dedican a volverse tan indescifrables que la gente confunda su oscuridad con genialidad. En otros casos, empero, lo que hay es una realidad complejísima donde rara vez una sola parte tiene todo el derecho y la otra ninguno, o donde la solución más justa es que una parte gane todo y otra lo pierda todo, como si fuera un juego de cartas.

Por todo esto, los cambios a la ley, importan. Incluso en una ley eminentemente procesal, como la del Juicio de Amparo, las modificaciones pueden terminar afectando los derechos, inclusive, de quienes hoy los proponen y aprueban sin más criterio que la prisa. El enanismo fiscal del Estado mexicano es un problema que tiene consecuencias nocivas hacia todos los bienes y servicios públicos, y es también una realidad que, durante décadas, las empresas y personas más ricas son las que menos han pagado impuestos. Quizás todos deberíamos de estar resentidos hacia las élites económicas que hay creado sus fortunas mediante el tráfico de influencias y la elusión fiscal; pero no sé si la solución sea crear un orden jurídico del resentimiento. Si enfrentar una reforma fiscal que permita concentrarse en los impuestos indirectos y dejar de castigar la formalidad económica no puede hablarse por su costo electoral para los partidos, eso no significa que la solución sea comenzar a hacer leyes y reformas con nombre y apellido, por más mal que nos caigan las personas en cuestión. Aguas ahí.