Uno de los datos demográficos en que mayor atención debe ponerse en México es el relativo al acelerado proceso de envejecimiento que experimenta nuestra población. En efecto, de acuerdo con el INEGI, el valor del Índice de Envejecimiento, entendido como la relación que hay entre el número de personas mayores de 60 años respecto de cada 100 menores de 15, se ha multiplicado al menos por cuatro desde 1990 y hasta la fecha.
La cuestión no es menor, menos aún en un país que ha hecho depender una buena parte de la legitimidad del régimen, la transferencia de ingresos no condicionada a las personas adultas mayores. Se trata de una estrategia que se ha presentado como un programa de “pensiones”, que no es tal, pues no está vinculado a ningún proceso contributivo relacionado con actividades económicas.
En esa lógica, México enfrenta un reto enorme, si es que se quieren mantener estos subsidios, pues el número de personas que tendrían derecho a acceder a ellos crece de una manera muy rápida, sobre todo en las entidades más pobladas. En efecto, según los datos publicados recientemente por México Social (www.mexicosocial.org) en la Ciudad de México el citado Índice de Envejecimiento supera ya la cifra de 90 mayores de 60 años por cada 100 menores de 15; pero también hay ya más de 15 entidades donde el indicador supera la razón de 50 por cada 100, y la tendencia en ellos es aceleradamente creciente.
Hace ya dos décadas se llevó a cabo la Cumbre Mundial del Envejecimiento; en ella se alertaba del enorme reto de garantizar los derechos de las personas adultas mayores, pero en un contexto de Estados con la capacidad de construir relaciones de cordialidad y convivencia entre todas las edades.
Lo anterior implica desde servicios públicos de calidad, es decir, desde vialidades, calles adaptadas arquitectónicamente para la adecuada accesibilidad y andar seguro de las personas mayores, hasta parques y jardines y espacios de convivencia comunitaria donde todas y todos podamos aprender unos de otros. Asimismo, se requiere de una renovada estructura socioeducativa que permita el envejecimiento activo, en términos de aprendizajes, pero también de empleabilidad en condiciones de dignidad para todas las personas.
México carece en este momento del personal médico suficiente para dar atención de calidad y bajo los estándares de derechos humanos, que implicaría el disfrute del nivel máximo posible de salud para estas personas: carecemos de geriatras suficientes y doctores y doctoras especialistas en enfermedades del adulto mayor; se carece también de suficientes gerontólogos; así como de personal de psiquiatría, neurología y psicología que pueda atender con oportunidad y calidad a las personas adultas mayores.
No debe olvidarse que, después del grupo de 14 a 29 años de edad, el segmento etario en que mayor número de suicidios se registra es precisamente el de las personas mayores de 60 años, lo que es muestra de la urgencia de construir una política de Estado que nos permita estar listos, más allá de simplemente repartir dinero.
Investigador del PUED-UNAM