Nuestra sociedad históricamente ha estado marcada por la discriminación de género, las mujeres que hoy estamos aquí desafiamos estereotipos que cuestionaban nuestra participación en la vida política y social de México, rompimos paradigmas para llegar hasta aquí, puedo decir con toda seguridad que detrás de cada una de nosotras hay una gran historia de lucha, esfuerzo y determinación. Por ello el día de hoy las mujeres que nos encontramos en los diferentes espacios de toma de decisiones, en los diferentes poderes e instituciones públicas trabajamos en una agenda con perspectiva de género, cada una desde nuestros espacios, porque todas tenemos como fin último la construcción de una sociedad más incluyente, más justa e igualitaria.
El pasado miércoles la Magistrada Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género Magda Zulema Mosri Gutiérrez, dió a conocer las políticas y avances en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la no discriminación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Son notables los resultados del trabajo realizado por la magistrada y quienes integran ese tribunal, reconozco que en cada ente público haya mujeres y hombres comprometidos con la construcción de un mejor presente.
Desde el congreso, atendiendo a mi deber como legisladora y representante popular, he impulsado una agenda de género. El pasado primero de diciembre se aprobó en el pleno una iniciativa que presente para reformar el artículo 3 de la Ley de Vivienda, a fin de incorporar la perspectiva de género, para que se consideren los factores sociales, culturales y económicos, así como priorizar el acceso a la vivienda a personas o grupos en condición de vulnerabilidad, porque la vivienda es una necesidad básica del ser humano para que todos los individuos puedan vivir con dignidad y realizar las diversas necesidades que integran su desarrollo.
Son diversos los tratados nacionales e internacionales que reconocen el derecho humano a una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, tal es el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, al establecer que, el término de una vivienda adecuada es el derecho a una vivienda que no se debe de interpretar en un sentido estricto o restrictivo
Hoy en día persiste una brecha que impide a diversos grupos vulnerables el poder adquirir una vivienda que tenga los elementos necesarios para poder llevar en ella una vida digna, las mujeres son un sector que conforma uno de los principales grupos afectados debido a la discriminación, la desigualdad y los roles socioeconómicos.
El Estado debe ser garante de su cumplimiento mediante políticas públicas que pongan en el frente a las personas en condiciones de vulnerabilidad, como históricamente se han ubicado a las mujeres, de lo anterior, es importante encaminarnos hacia la igualdad sustantiva mediante la construcción de un andamiaje jurídico que coloque a las personas y su dignidad en el centro de las políticas públicas.
#porlosqueamamos
María Rosete.