El llamado de los integrantes de la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz a trabajar juntos y parar la masacre que padecemos desde hace más de dos décadas es una convocatoria a la que nadie puede ni debe tratar de sustraerse, pues detrás de los números de las estadísticas hay más que una historia por cada una de las víctimas: detrás de cada nombre en las listas de muertos o desaparecidos están los de sus familiares que vivirán con pena, dolor, angustia, enojo e incertidumbre.
Las cifras de las víctimas directas de la inseguridad y de la violencia son alarmantes y van en aumento, pero el elevado porcentaje de impunidad de que disfrutan sus autores acentúa la ira de una población que se niega a vivir con miedo o a tener que entregar su libertad y su existencia a los delincuentes.
Las proclamas de la Caminata por la Paz sintetizan el clamor de todo un país que, durante más de 25 años, ha tenido que iniciar sus labores cotidianas con noticias de muertos, secuestros y desaparecidos que no siempre llegan a través de los medios informativos, sino en ocasiones por la comunidad en la que nos desenvolvemos o, lo más difícil, por comunicaciones directas que nos avisan del deceso de un ser querido.
La protesta de estos días no es un evento aislado ni sin precedentes: en el pasado, nuestro país ha visto a millones de mexicanos salir a las calles a reclamar al gobierno en turno arrancar de raíz la plaga de la inseguridad, esa plaga que carcome el bienestar de la gente en todos los estados, municipios, colonias y barrios, pero, sobre todo, que lastima nuestra confianza en el futuro.
Durante la “guerra contra la inseguridad” hemos escuchado incontables críticas y demandas a quienes debieran actuar en nuestro bienestar, pero al ver que no actúan o lo hacen con deficiencias o negligentemente podríamos pensar que no nos oyen, como nosotros ya no percibiremos la voz de aquellos que de la noche a la mañana desaparecieron de nuestra vida.
La inseguridad, la violencia y la impunidad son lacras que los mexicanos estamos pagando con fuertes sumas de pena y dolor, por lo que los reclamos individuales y colectivos deben ser tomados en cuenta por las autoridades, entre quienes es probable que también existan víctimas secundarias de esos lastres.
Bajo ninguna circunstancia los mexicanos habremos de aceptar las muertes y desapariciones a las que el crimen organizado pretende que seamos indiferentes, como tampoco aceptaremos desacertadas políticas públicas para combatir a los delincuentes.
“México es hoy un país de víctimas, de muerte, de violencia, de impunidad, y México es un país de gobiernos civiles que han abdicado a su responsabilidad de darnos seguridad y justicia”, se dijo durante la Caravana por la Paz en una aseveración que esperamos no tener que ratificar en un futuro a corto o largo plazo.