Fentanilo: penalizar su consumo no es la única solución

En vísperas de un año crucial para el panorama político mexicano, marcado por las elecciones presidenciales, el reciente anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una reforma constitucional para prohibir el fentanilo, se podría interpretar como una nueva jugada política.

Coincidiendo con discusiones sobre otras propuestas clave, esta iniciativa sugiere un esfuerzo por fortalecer su imagen ante un electorado cada vez más preocupado por los crecientes problemas de salud pública y seguridad. De antemano, esta iniciativa se enfrenta a un escrutinio crítico. Nos preguntarnos si realmente se trata de un paso efectivo hacia la solución del problema del fentanilo en México o de una táctica política para captar votos en un momento decisivo.

La falta de referencias claras a opiniones de expertos y organismos especializados, refuerza la necesidad de un análisis basado en evidencias sobre las verdaderas implicaciones y efectividad de esta reforma en la lucha contra de este opioide sintético de gran potencia, cuya historia se remonta a la década de 1960, cuando fue desarrollado inicialmente como un analgésico para pacientes con dolor crónico.

A lo largo de los años, su uso se ha diversificado, y lamentablemente, se ha convertido en un actor principal en la epidemia de drogas, especialmente en Estados Unidos y, cada vez más, en México, no sólo como un grave problema de salud pública, sino también como un desafío de seguridad. No hay que olvidar que el aumento en su producción por parte de cárteles mexicanos, ha encendido las alarmas.

Se le ha responsabilizado de la mayoría de las más de 100 mil muertes anuales por sobredosis registradas en suelo norteamericano; además, su potencia y capacidad para mezclarse con otras sustancias, la hacen particularmente peligrosa para los jóvenes estadounidenses, aunque indicios recientes sugieren también un notorio aumento en el consumo local. A diferencia de otras drogas, destaca por su extrema potencia y riesgo de sobredosis. Incluso pequeñas cantidades pueden ser fatales, lo que lo hace más peligroso que sustancias como la heroína o la cocaína.

La pretendida iniciativa de López Obrador buscará penalizar no sólo el tráfico sino también el consumo, en un esfuerzo por disminuir la demanda interna, pero ha generado un debate sobre sus posibles efectos contraproducentes en la sociedad; se advierte ya sobre el aumento de la criminalización de usuarios y la saturación del sistema de justicia penal.

Ciertamente, el gobierno, junto con organizaciones no gubernamentales, ha implementado programas de prevención y tratamiento para usuarios de fentanilo, que buscan ofrecer alternativas de rehabilitación y reducir los daños sociales asociados con el consumo de esta droga.

Se han observado efectos devastadores en comunidades vulnerables, donde agrava problemas de salud, violencia y produce desintegración social. Además, pone presión adicional sobre un sistema precario de salud gubernamental semidestruido y de por sí ya sobrecargado.

No hay que olvidar que los hospitales y clínicas deben adaptarse para tratar sobredosis y complicaciones relacionadas con su consumo, lo que demanda recursos y capacitación especializada, que seguramente ha sido afectada por la criminal desaparición del Seguro Popular y el absurdo recorte presupuestal para atender un sistema de salud, que sólo en los sueños oníricos del líder moral de Morena podrían llegar a equipararse a los de Dinamarca.

Expertos en salud pública, seguridad y política de drogas han expresado opiniones divididas. Resaltan la importancia de una estrategia integral que abarque prevención, tratamiento y educación, en lugar de centrarse exclusivamente en medidas punitivas.

Diversos reportajes han señalado que la propuesta presidencial de prohibir el consumo de fentanilo y otras drogas sintéticas y actuar con severidad, podría estar en contradicción con las perspectivas modernas de la salud pública, que consideran la adicción como un problema de salud, más que de criminalidad. Esta postura, centrada en la penalización, parece desatender aspectos cruciales como la atención a las causas subyacentes de las adicciones y el enfoque en tratamientos y rehabilitación.

Además, se ha señalado que la medida propuesta por López Obrador llega en un contexto político delicado, ante las próximas elecciones. Esto plantea preguntas sobre si la reforma podría tener motivaciones electorales o si realmente busca abordar de manera efectiva y comprensiva el problema del fentanilo. La falta de referencia a iniciativas de prevención y tratamiento integral en su declaración —y el enfoque en la prohibición y castigo—, puede ser percibido como una solución superficial a un problema complejo.

La Secretaría de Salud ha reconocido que la marginación social y económica son factores que contribuyen al uso de sustancias psicoactivas. La revista Gatopardo aseguró que hay un significativo subregistro de muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo en México, sugiriendo una crisis más profunda y extendida de lo que indican las cifras oficiales.

El mismo medio destaca la interacción entre la crisis de adicciones y la violencia en ciudades fronterizas, enfatizando la necesidad de estrategias de atención y prevención eficaces y afirma que “en el Semefo de Mexicali, aproximadamente la mitad de los cadáveres que ingresan dan positivo a alguna droga, y se ha detectado presencia de fentanilo en 30 o 35 por ciento de estos casos”.

El periódico El Economista reporta en tanto, que el aumento del consumo está asociado con un incremento en la violencia y la descomposición social, especialmente en áreas urbanas y fronterizas. Si bien la lucha contra esta droga requiere una colaboración transfronteriza, multifacética y sostenible, es evidente que los esfuerzos conjuntos deben incluir —además del intercambio de inteligencia y acciones coordinadas contra los cárteles—, estrategias de reducción de la demanda, pues no hay que olvidar que una parte crucial de la respuesta al fentanilo debe ser una poderosa campaña de educación y concientización, que informe al público sobre sus riesgos, desmitificar su uso y ofrecer información sobre cómo buscar ayuda.

Expertos como el doctor Gady Zabicky, Comisionado Nacional Contra las Adicciones, han enfatizado la importancia de abordar el problema de las drogas desde una perspectiva de salud mental y emocional, reconociendo que la adicción es un problema complejo que afecta a individuos y comunidades.

Destaca la necesidad de educar y comunicar abiertamente sobre las drogas, diferenciando entre el consumo esporádico y problemático, y proponiendo soluciones que van más allá de la prohibición, como el apoyo a la salud mental y la reducción de la demanda a través de la educación y el tratamiento.

En mi opinión, un enfoque exclusivamente punitivo ante la problemática del fentanilo y el narcotráfico en México resultará insuficiente. La experiencia demuestra que, a pesar de las prohibiciones legales en diversos ámbitos, la falta de aplicación efectiva de la ley y la ausencia de estrategias integrales, dejan vacíos significativos.

Por lo tanto, estimo que se requiere un enfoque multidimensional que vaya más allá de la simple prohibición y castigo, que es como se percibe esta parte de las pretendidas reformas del presidente López Obrador, que aparentemente se ven sólo como una jugada estratégica con tintes puramente electorales, de la cual él es todo un maestro.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM