El pasado 2 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, extinguir todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y mandatos, que representan más de 700 mil millones de pesos.
En el decreto se instruye a las dependencias federales, así como a los Tribunales Agrarios, a llevar a cabo los procesos correspondientes para dar por terminados todos los fideicomisos públicos, de esta manera dispondrá de hasta 300 mil millones de pesos de “guardaditos”, creados por diferentes dependencias durante las pasadas administraciones federales.
Los fideicomisos eran fondos que las Secretarías habían ahorrado, desaparecerlos significa de nueva cuenta ver cómo la 4T gasta el dinero público de manera discrecional con gran opacidad.
El decreto instruye a las dependencias a devolver los fondos de los fideicomisos a la Tesorería de la Federación, a más tardar el 15 de abril, dicha instrucción exime a los mecanismos de deuda pública. El presidente no predica con el ejemplo ¿cómo vamos a afectar estos renglones que tienen que ver con derechos laborales de las personas, en una época de crisis como esta? ¿Cómo un gobierno que presume ser de izquierda, desde que llegó, no ha dejado de correr funcionarios de todos los niveles?
El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dimensionado el golpe que está dando a la ciencia, ya que con la desaparición de los fideicomisos públicos se extingue la mayor parte de los centros de investigación de nuestro país, como el CIDE, el Moras, etc., ya que éstos fueron creados como fideicomisos públicos no orgánicos con base en lo que señala la Ley de Ciencia y Tecnología, en su artículo 50.
Con lo anterior todos los productores de ciencia en nuestro país tendrían que cerrar, e incluso desconocer los proyectos que han acordado con otros países o con otras universidades del mundo, e incluso con organismos internacionales de los México forma parte.
AMLO se contradice, ya que extinguir los fideicomisos va en contra de la Ley de Austeridad que él mismo Impulsó, y que fue publicada en noviembre de 2019, en la que se fijó un plazo de180 días hábiles para que las secretarías de la Función Pública y Hacienda informaran a la Cámara de Diputados el estado de cada uno de los fideicomisos. El plazo, que terminaría en julio, permitiría a los legisladores elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, pero este decreto impide a los legisladores tener una opinión informada sobre ellos y quita los contrapesos al Ejecutivo en una decisión que afecta a todos.
Es urgente que el presidente reconsidere su decisión porque sería muy grave para México darle la espalda a la ciencia. Si la intención es ahorrar dinero, por qué no cancelar proyectos como es el caso de Dos Bocas o del Tren Maya.