La política real y la moral positiva en México han mostrado una regresión curiosa, asimétrica y selectiva: a veces parece que hemos regresado al siglo XIX, y otras al XX. Eso quiere decir que algunas teorías, categorías y conceptos de antaño son útiles, de nuevo, para examinar algunos aspectos de nuestro lienzo coyuntural. El caso de la corrupción, uno de los temas más problemáticos de nuestra historia, se presta para una breve reflexión. De entrada, siempre ha sido un problema gravísimo para los mexicanos, porque así lo consideran, casi siempre en los cinco primeros lugares de las preocupaciones urgentes y que consideran como causa del resto de obstáculos para el desarrollo.
La corrupción siempre existe, pues la transgresión a las normas éticas y legales son inherentes a su existencia, así como el contrabando se inventó el día que se inventaron las fronteras, y la locura el día que se inventó el concepto de cordura. Ya es un lugar común visibilizar los escándalos y cochinadas que tienen lugar en escenarios tan nobles como el parlamento inglés, los pasillos judiciales de España, o en prácticamente cualquiera donde haya políticos italianos presentes (que no debería ser consuelo para nadie, pero eso es otra cosa).
Sin embargo, desde la parte académica, los últimos años dejaron un poco de lado las líneas de investigación tradicionales que ponían el reflector en la inmoralidad individual de personas que usaban su cargo público para obtener beneficios privados (no porque hubieran dejado de existir, sino porque el tema estaba masticado hasta el tuétano) y se centraron en los aspectos estructurales que posibilitaban la captura del Estado; un tipo de corrupción más sofisticada y de mayor escala, que implica el control de los órganos reguladores por parte de los actores que se pretende regular. La utopía de esta tropelía es que tanto las leyes como los órganos encargados de aplicarla, sean diseñados y nombrados por los grupos de interés, que entonces pueden volverse los dueños de países completos sin que ello implique nada ilegal, porque lo que es legal lo definen ellos. Siniestro.
Eso también hizo que se enfatizara la corresponsabilidad entre los públicos y los privados como elemento necesario para abordar el fenómeno, pues el capital privado es casi siempre un componente necesario de los negocios malhabidos. Pero esta semana, el caso visible en la prensa nacional es el de elementos de la Marina, una institución que siempre ha gozado, de entre todas las autoridades, del mayor índice de confianza ciudadana. Lo que el secretario Harfuch resaltó es que, como ha dicho Betanzos T., una golondrina no hace verano, que son manzanas podridas que no reflejan el actuar de toda la institución. Creo que eso es cierto, pero también que sería absurdo ignorar que la causa primordial de este y otros escándalos que han involucrado elementos de las fuerzas armadas, fue la instrucción presidencial del sexenio pasado de involucrarlos en tareas que de militar no tenían nada, bajo la premisa, presidencial también, de que eran "incorruptibles". Naturalmente esa no fue más que uno de los simplismos chabacanos de las misas mañaneras. Lo que había detrás de esa decisión era la formación disciplinaria que les hace obedecer sin cuestionar, la apuesta de que todo lo que hicieran fuera secreto porque caería en el rubro de seguridad nacional, y la confianza social de la que ellos ya gozaban, sin que necesitaran la bendición del caudillo.
Lo malo es que, parte importante de la imagen casi impoluta de nuestras instituciones castrenses, se derivaba de su exclusión de temas, proyectos y negocios altamente proclives a la corrupción, como por ejemplo, las aduanas. Cuando hacer intervenir a las personas de una corporación en el manejo y administración cotidianas de una actividad altamente corruptible, y además les brindas un estatuto jurídico especial para que en los hechos nadie se atreva a supervisarlas, pues es más posible que se corrompan. Porque son personas.