El escenario en desplazamientos forzados a causa de la violencia y sus múltiples consecuencias económicas, políticas, sociales, pero sobre todo, de violaciones a derechos humanos, sigue siendo un gran reto para las autoridades mexicanas de cara a 2022.
Para la familia Ponce Ríos, originaria del estado de Chihuahua, el calvario comenzó en el año 2010, cuando uno de sus integrantes jóvenes fue secuestrado por la delincuencia organizada. Dos años después, la misma familia fue víctima de múltiples homicidios, incluidas personas menores de edad, torturas, amenazas directas, extorsiones por cobro de derecho de piso, asaltos a mano armada y saqueos a locales comerciales. Esta serie de eventos de violencia forzó a 60 de sus miembros a escapar de su lugar de origen, haciendo a un lado sus bienes y fuentes de ingreso con la finalidad de protegerse. Actualmente, el 70 por ciento de la familia se encuentra desplazada en el territorio mexicano.
El caso de la familia Ponce Ríos y otros miles más han sido documentados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que desde el año 2014 da seguimiento al fenómeno social de desplazamientos forzados en México y sus consecuencias.
Sobre estos eventos, el 2021 ha marcado un hito, pues en tan solo 10 meses el número de personas desplazadas a causa de la violencia aumentó 390 por ciento, de acuerdo con la CMDPDH. Madres, padres, hijas e hijos, familias y a veces comunidades enteras han dejado atrás lo poco o mucho que pudieron construir en su proyecto de vida a cambio de escapar del gatillo de la violencia, hacia otras regiones del país, en donde segura y lamentablemente la situación continuará siendo de más violencia, aunque quizá con rostros diferentes.
Para entender el incremento importante respecto a la migración forzada por violencia, de enero a octubre de 2020, el número de personas desplazadas fue de 7,486. Mientras que en el mismo periodo de 2021 la cifra ascendió a 36,682 casos, pese a que desde 2017 el estado mexicano comenzara a reconocer la existencia del fenómeno.
De acuerdo con la CMDPDH estas cifras se obtienen de las aproximaciones y estudios realizados por instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, ya que actualmente no existe un registro, ni un diagnóstico oficial de las personas desplazadas internamente en México.
Ante la ausencia de diagnóstico, la situación podría ser más grave aún, pues muchos de estos casos ocurren en la invisibilidad, lo que quieren las personas desplazadas es esconderse, incluso de las autoridades, quienes en ocasiones también están coludidas con perpetradores de violencia. Es urgente que el tema forme parte de la agenda pública, política y presupuestaria en 2022, pues la migración forzada representa una violación a los derechos humanos.