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LA FARSA DE LA JUSTICIA SOCIAL

LA FARSA DE LA JUSTICIA SOCIAL

Columnas lunes 22 de febrero de 2021 -

Por Iveth Serna

El pasado sábado celebramos el Día Mundial de la Justicia Social, generalmente entendida, desde una visión economicista y utilitarista, como la distribución equitativa de los servicios públicos y derechos sociales como la educación, la salud, el agua potable o el trabajo digno, todos ellos indicadores de una lógica de desarrollo moldeada por la ideología capitalista y legitimado por un entramado jurídico que en lo público apela al bienestar pero en que en la práctica produce efectos negativos para los ciudadanos.

La gran deuda del Estado en materia de justicia social es que no ha sido capaz de reconocer a los sujetos colectivos como entes con necesidades particulares situados en contextos culturales, históricos y sociales propios, que conocen más que nadie sus carencias y sus respuestas, por tanto, no necesitan ser “ayudados”, sino acompañados en la construcción de nuevos modelos participativos en los que se promueva el ejercicio deliberativo comunitario para una mejor toma de decisiones.

Este reconocimiento no es posible en el actual sistema democrático representativo de nuestro país, en el que la lógica de la mayoría y del máximo beneficio nos condenan a un problema paretiano en el que una política pública es exitosa si beneficia a uno más y no perjudica a nadie, dando por hecho que todos tenemos las mismas necesidades y necesitamos las mismas soluciones.

Sin embargo, en un modelo de democracia participativa y comunal, el indicador serían las colectividades, dónde sean ellas quienes discutan sus problemas particulares y encuentren las soluciones que mejor se adapten a la lógica de su entorno.

Este modelo de justicia social basado en la participación colectiva nada tiene que ver con la concepción jurídica o económica dónde el Estado la ha situado un poco por conveniencia, otro poco por compromiso y un mucho por una cuestión de renta electoral, tomándola como pretexto para le generación de leyes mediante la cuales se protege y se beneficia al capital y no al ciudadano.

La verdadera justicia social implica también una gran responsabilidad comunitaria, con ciudadanos bien informados, dispuestos a participar en los temas de su entorno, a exigir la calidad y eficiencia del trabajo legislativo y ejecutivo de aquellos que se beneficiaron, y buscan beneficiarse, de nuestro voto, listos para resistir y, si es el caso, iniciar una legítima desobediencia civil, como señal a Rawls, es decir, oponernos a obedecer a un sistema jurídico que de suyo es injusto, sobre todo con los más vulnerables.

El camino a este modelo de justicia social es largo, la construcción de ciudadanía es compleja y la toma de acuerdos comunales es tardada, pero no dejemos que ningún neoliberal descafeinado, que ninguna pseudo organización intelectual bien patrocinada por el capital, nos diga que no es posible.



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