Iniciare reconociendo la lucha de las mujeres y los distintos grupos feministas, su influencia como agente de cambio al sumar todos los días aliadas y aliades en los poderes del estado, los medios de comunicación y en cada rincón de México. Gracias a las mujeres que por años lucharon con la esperanza de la tan anhelada igualdad, hoy vivimos el inicio de la transformación social, la transformación de los derechos y la igualdad. Los grandes cambios en la vida democrática de nuestro país son el resultado de la constante lucha de las personas por sus libertades.
El pasado martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar la constitucionalidad de la Norma Oficial Mexicana 046, no sólo ha establecido un precedente que rompe con el paradigma jurídico construido desde el patriarcado que criminaliza a las mujeres por ejercer el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo. Es también, un avance significativo en la lucha de las mujeres por la igualdad y con ello la autonomía de las personas gestantes, ya que permite la interrupción del embarazo a las menores de edad en todas las instituciones de salud pública y privada del país, sin que sea un requisito el permiso de los padres o la denuncia penal correspondiente.
En 2016 la norma declarada constitucional por la corte eliminó el requisito de denuncia, considerando suficiente la declaración bajo protesta de decir verdad y en el caso de las niñas mayores de 12 años tampoco se requiere el consentimiento de los padres o tutores. Sin embargo en la práctica fue una constante que diversos congresos de los estados interpusieron controversias constitucionales para no cumplir la norma que permite la interrupción legal del embarazo. La corte al declarar constitucional la norma, acaba con cualquier intento conservador que vulnera todos los derechos humanos, ya que pondera el interés superior de las niñas y adolescentes, la dignidad, el libre desarrollo y la vida de las mujeres gestantes.
México es el primer país en el mundo en casos de mujeres menores de edad embarazadas y la mayor parte derivan de abusos sexuales en el entorno familiar, esto además de ser un problema de salud pública, también lo es de derechos humanos.
El ministro presidente se ha pronunciado de una forma muy clara al decir que: “en caso de violación ninguna niña o adolescente debe ser obligada a ser madre, ni por el Estado, ni por sus padres, madres o tutores. Cualquier obstáculo para obtener la interrupción del embarazo en estos supuestos supone una revictimización y una crueldad inimaginable”
Ahora es nuestra obligación como representantes populares trabajar de la forma que lo ha hecho la corte para garantizar a las mujeres el acceso a sus derechos.
María Rosete
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