El gobierno de Oaxaca lanzó una campaña de linchamiento contra las empresas vinculadas a la industria alimenticia y azucarera.
La semana pasada, el Congreso de ese estado reformó al artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. Dicha reforma contempla sanciones, multas, clausuras y hasta cárcel a quien promueva y comercialice comida chatarra a niñas y niños.
Con la aprobación de la ley se prohíbe: “La distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en el Estado en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior o exhibición de cualquiera de esos productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior o establecimientos comerciales”.
La reforma busca castigar a los comerciantes y da un duro golpe a todos los vendedores que participan en la cadena de producción y distribución de productos alimenticios, muy en particular a los pequeños abarroteros; en el momento de la pandemia donde más apoyo se debería dar a los comerciantes y a los pequeños negocios que expenden productos.
Sin lugar a dudas, es urgente que se haga un llamado a las autoridades estatales y federales para atender los problemas de salud de la población y se busquen soluciones integrales, sin afectar las economías regionales y el sustento de millones de familias mexicanas que laboran en las cadenas de producción alimentarias y su comercialización.
Nuestro país hoy enfrenta un gran reto luego de la crisis y el mal manejo de la economía del actual gobierno, que ha llevado a la caída del 18.9% del Producto Interno Bruto, lo que representa una de las peores crisis que ha enfrentado México, por lo que más que nunca necesitamos generar fuente de empleos. Reformas como la de Oaxaca golpean de manera directa la economía de miles de familias, por lo que deben evitarse ya que provocarán el cierre masivo de los pequeños negocios, que ya de por si han sido afectados con la pandemia.
Aunado a lo anterior, la idea de que el Estado sea quién prohíba el consumo de un alimento a un menor, resulta un tema un tanto delicado, ya que invade el ámbito de los derechos tanto de los niños como de los padres.
¿Quiénes tienen el derecho de elegir el consumo de un alimento?
¿El Estado debe controlar a los niños?
¿El Estado debe decir que puede o no comer un niño?
¿Es el Estado el que decidirá que comerá mi hijo?
¿Y dónde quedo el Derecho y la autoridad de los padres?
¿En la época de las libertades donde se busca liberar el consumo de la cannabis, hoy se limita el derecho al consumo de ciertos alimentos o de alimentos con alto grado de azúcar, esto resulta un tanto contradictorio?