Línea 13 - 10 de diciembre

La diputada Isabela Rosales presentó una iniciativa de reforma al Artículo 321 del Código Penal local, para sancionar el encubrimiento. La finalidad es “terminar con la impunidad y que los delincuentes paguen por los delitos cometidos”. La legisladora señaló que de esta forma las personas que protejan u oculten a otras, o el objeto con el que se efectuó el crimen, serán también sancionadas por el delito de encubrimiento. Rosales Herrera recordó que en 2019 se registraron 185 mil 780 delitos en la Ciudad de México, aunque no se sabe con certeza cuántos de estos son castigados.

Sobre el impuesto del 2% a las plataformas digitales que la Secretaría de Finanzas incluyó en el Código Fiscal del próximo año, y que el Congreso de la Ciudad aprobará en la siguiente semana, algunas asociaciones como la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, emitieron un pronunciamiento técnico en el que señalan que ese pago de derechos está disfrazado de aprovechamiento. Señalaron que entre otras cosas la medida viola el derecho humano a la libertad de empresa, pues el cobro constituye “una carga injustificada” a ese modelo de negocios.

La diputada Ana Francis Mor presentó en el Congreso de la Ciudad un punto de acuerdo para que la FGJCDMX investigue el presunto vínculo entre personas servidoras públicas de la alcaldía Miguel Hidalgo con grupos que cometieron actos de violencia en la marcha del 25 de noviembre pasado. Cabe recordar que Morena había adelantado que impulsaría la investigación de supuestos vínculos entre la Directora de Desarrollo Social de esa demarcación, la ex diputada Alessandra Rojo y esos grupos.

Ante los resultados del Informe de la Ejecución del Presupuesto 2021 del IECM, en el que reconoció un déficit presupuestal por más de 70 millones de pesos, que se deben a los partidos políticos de la CDMX, hay varias cejas levantadas que se preguntan si el Contralor de ese instituto, Francisco Calvario, intervendrá para deslindar responsabilidades o dejará que sea la Auditoría Superior de la CDMX quien lo haga, con todo lo que ello implica. La propia jefa de Gobierno de la Ciudad señaló que “el IECM tiene la obligación de dar las prerrogativas a los partidos”, pues se trata de una disposición constitucional.