Nunca más el trámite por encima de la justicia

Columnas viernes 24 de abril de 2026 -

Hay momentos en la vida pública en los que el debate deja de ser técnico y se convierte en un acto de conciencia. La reciente votación de la Ley General en materia de feminicidio fue uno de ellos. No se trató de discutir un dictamen más ni de cumplir con una agenda legislativa: fue, en esencia, un intento por saldar una deuda histórica con las mujeres de este país.

Durante años, el feminicidio ha sido reducido a cifras, a estadísticas que se repiten en informes y conferencias. Pero la realidad es mucho más cruda. Cada número tiene nombre, historia, familia y sueños truncados. El feminicidio es la expresión más violenta de un sistema que durante demasiado tiempo fue omiso, indiferente o insuficiente.

Desde la tribuna llevé una historia que no me pertenece, pero que me ha marcado profundamente: la de Doña Blanca y su hija Giovanna. Una historia que no es aislada, pero que refleja con claridad lo que está mal en nuestro sistema de justicia.

Giovanna era una joven trabajadora, alegre, con ganas de salir adelante. Como muchas mujeres en nuestro país, todos los días se levantaba temprano para ganarse la vida dignamente. Junto a su madre, recorría las calles de Tepito vendiendo comida, construyendo un futuro con esfuerzo y esperanza.

Su vida fue arrebatada por la violencia. Decidió terminar una relación marcada por el abuso, y esa decisión le costó la vida. El agresor huyó, cruzó de una entidad a otra, y fue ahí donde comenzó otro tipo de violencia: la institucional.

No fue la falta de voluntad lo que frenó la justicia. Fue la desarticulación. Fueron los trámites, la burocracia, la falta de coordinación entre fiscalías. Mientras una madre buscaba respuestas, el sistema se perdía en oficios, competencias y criterios distintos. El resultado fue claro: el agresor tuvo tiempo, y la impunidad encontró espacio.

Hoy enfrentamos una realidad dolorosa: en México, la justicia no siempre es igual para todas. Depende del lugar donde ocurra el delito, del código postal, de la capacidad de coordinación entre autoridades. Y eso no es un problema técnico, es una injusticia profunda.

Por eso, esta ley representa un paso importante. No es la solución definitiva, pero sí es una base necesaria. Establece criterios homologados, obliga a las autoridades a coordinarse y pone en el centro algo que nunca debió estar en duda: la vida de las mujeres vale lo mismo en cualquier parte del país.

No podemos permitir que las fronteras administrativas se conviertan en refugio para los agresores. No podemos aceptar que los procesos burocráticos sigan retrasando la justicia. Y, sobre todo, no podemos normalizar que las víctimas y sus familias tengan que luchar contra el propio Estado para obtener respuestas.

Esta reforma es también un mensaje. Es decirles a las mujeres de México que su vida importa, que su voz cuenta y que el Estado tiene la obligación de estar a la altura. Es reconocer que durante mucho tiempo se falló, pero que hoy existe la voluntad de transformar esa realidad.

Sin embargo, legislar no basta. Las leyes deben traducirse en acciones concretas, en investigaciones eficaces, en sentencias justas. El reto no termina con la aprobación de una reforma; apenas comienza.

La memoria de Giovanna, el dolor de Doña Blanca y la exigencia de miles de mujeres en todo el país nos obligan a no conformarnos. Nos recuerdan que cada decisión que tomamos desde el servicio público tiene consecuencias reales en la vida de las personas.

Hoy dimos un paso firme. Pero la verdadera transformación se medirá en resultados, en justicia alcanzada, en vidas protegidas.

Porque en este país no puede haber espacio para la indiferencia. Porque nunca más el trámite puede estar por encima de la justicia. Porque por ellas por las que están, por las que nos faltan y por las que vendrán no hay margen para fallar.

María Rosete