Quiero hablar con absoluta responsabilidad sobre el Plan General de Desarrollo que el gobierno ha pretendido imponer sin cumplir los pasos que la ley establece.
La primera irregularidad es gravísima: el Plan General de Desarrollo no fue aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, su máximo órgano de decisión.
No solo lo decimos nosotros, lo dijo el propio secretario de Gobierno, César Cravioto, quien reconoció públicamente que lo único que se presentó ante la Junta, fueron los lineamientos de la metodología, pero no el proyecto del Plan General de Desarrollo.
Es decir, el Plan que hoy se encuentra en consulta nunca tuvo la aprobación formal de la Junta de Gobierno.
Esa confesión confirma lo que venido señalado desde el principio: el procedimiento está viciado de origen.
Un documento que no pasa por la aprobación de su máximo órgano de decisión es, jurídicamente, vulnerable y susceptible de impugnación.
La segunda irregularidad es igualmente preocupante: se omitió el periodo de difusión que la ley obliga a realizar antes del inicio de la consulta pública.
El Instituto de Planeación decidió saltar directamente al periodo de consulta, que además ha sufrido cambios constantes y contradictorios.
Primero se dijo que duraría tres meses, después dos, y ahora el calendario oficial indica que será solo de un mes, porque el resto del tiempo se dedicará a sistematizar las propuestas.
Esto no es una consulta pública real; es una simulación.
Un gobierno que no escucha, que evita la deliberación y que decide a puerta cerrada, no está planeando el desarrollo, está imponiendo un modelo unilateral de ciudad.
Por eso, lo dijimos ayer y lo sostenemos hoy: Exigimos reponer el procedimiento del Plan General de Desarrollo.
No se trata de oponerse por oponerse, sino de regresar la legalidad y la legitimidad a un documento que será la base de todas las políticas públicas de los próximos 20 años.
El gobierno aún tiene la oportunidad de corregir el rumbo, de poner la casa en orden, y de garantizar que la planeación de la Ciudad de México se haga con transparencia, con legalidad y con verdadera participación social.
Hoy, el gobierno, tiene ante sí una tarea monumental: recomponer el rumbo de la planeación en nuestra ciudad.
No se trata solo de revisar un documento o ajustar un calendario; se trata de devolverle sentido, legalidad y propósito a un instrumento que debe guiar el futuro de millones de personas.
En las manos del gobierno, de la junta de gobierno y del secretario de planeación está la posibilidad de transformar un proceso opaco en un verdadero diálogo con la gente; de pasar de la imposición a la colaboración, y de la desconfianza a la legitimidad.
Y sí, el reto es enorme, pero también lo es la oportunidad. La Ciudad de México necesita una planeación con alma, con visión y con futuro.
Corregir lo que hoy está mal no es una derrota, es un acto de grandeza.
Significa reconocer que el desarrollo no puede construirse sin la gente, sin legalidad y sin transparencia.