Plan Michoacán: sin la gente, no

Columnas martes 11 de noviembre de 2025 -

Después del asesinato del presidente de Uruapan, Carlos Manzo, es poco probable que la vida pública de México siga igual en los próximos meses. De lo contrario, no se entendería la premura del gobierno por anunciar un plan “por la paz y la justicia” en menos de diez días después de dicho homicidio.

El “Plan Michoacán por la paz y la justicia” se desarrolla en doce ejes, que sintetiza las acciones que el Gobierno federal desarrollará en materia de seguridad, desarrollo económico, infraestructura, educación, salud, vivienda y demás. Llama la atención que en dicho plan no se mencione al presidente municipal asesinado, ni las movilizaciones hechas por estudiantes en Morelia ni la multitudinaria marcha en Uruapan; pero sí las reuniones gubernamentales a puerta cerrada o entre funcionarios federales y estatales vía remota.

En materia de seguridad, el plan menciona que se enfocará en cuatro ejes: atención de causa, consolidación de Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación y coordinación.

Sobre este primer eje, el gobierno sigue confundiendo una política social con una política de prevención del delito. Es deseable que todos los estudiantes tengan un ingreso extra para su manutención cotidiana, pero eso es irrelevante si los adolescentes ya salen del sistema educativo. Hoy hay miles de jóvenes reclutados por las buenas o las malas por las organizaciones criminales. Sobre esto nada dice el plan.

Con relación al eje de “inteligencia e investigación”, lista el despliegue de recursos tecnológicos y unidades especializadas de inteligencia, menciona que fortalecerá las unidades antiextorsión, pero sin mencionar tampoco objetivos medibles. Sobre el número de denuncia anónima 089 menciona que se “fortalecerá”. Respecto a la consolidación de la GN, simplemente dicen que se “extenderá” al fortalecimiento y consolidación de la policía estatal y fiscal del Estado. Aquí no hay métricas, no hay números, sólo una lámina que así lo afirma. La presentación en materia de seguridad concluye con los recursos humanos desplegados y por desplegar.

Habría sido deseable que el plan hubiera empezado por lo que hoy es el estado: un conflicto armado entre distintas facciones criminales y algunas autoridades, como las de Uruapan, que intentan hacerles frente. Esta primera etapa debería estar enfocada en limitar la violencia directa entre las facciones criminales y la población civil. Algo así se hizo en Guerrero con la mediación de la Iglesia católica, pero con autoridades cómplices o coludidas con los criminales, ese acuerdo no prosperó.

En Michoacán deberían empezar a separar de sus cargos a las autoridades vinculadas con la delincuencia. Hoy facciones criminales imputan al propio gobernador de proteger a un cártel, del cual familiares suyos ya han sido sentenciados en Estados Unidos.

Finalmente, llama la atención que en el plan la sociedad sólo es receptiva, no participativa de las acciones para vivir en paz. Este plan poco resolverá si la sociedad víctima no es escuchada. Sin sociedad no hay gobernabilidad.