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REGISTRO NACIONAL DE VIOLENCIA ELECTORAL

REGISTRO NACIONAL DE VIOLENCIA ELECTORAL

Columnas martes 08 de septiembre de 2020 - 00:57

El pasado viernes 4 de septiembre, el Consejo General del INE, además de resolver el registro de nuevos partidos, aprobó también unos lineamientos de importancia superlativa en materia de disuasión y combate a la violencia política contra las mujeres por razón de género (VPG), que hay que comentar porque encarnan la fuerza de las instituciones del Estado mexicano dirigida contra quienes realizan estas conductas.
En los lineamientos, el INE dispuso la creación de un Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de VPG con dos objetivos principales: inhibir y erradicar el fenómeno y materializar la reforma legal del pasado 13 abril de 2020, que ya he comentado en estas páginas.
Los lineamientos fueron concebidos y discutidos en un esfuerzo colectivo, como siempre lo hace el instituto, pero adquirieron su perfil definitivo en los debates realizados en el seno de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Consejo General, presidida por la Consejera Carla Humphrey, experta y activista en la materia desde hace muchos años.
En su presentación inicial ante el Consejo General, ella destacó que no estamos ante un hallazgo nuevo, pues las académicas mexicanas empezaron a estudiar el fenómeno desde los ochenta, aunque todavía no era identificado con ese nombre.
De esa manera lo refiere Mona Lena Brook en su más reciente libro Violencia contra las mujeres en política, publicado en inglés hace unos días, cuya introducción se intitula precisamente Un problema sin nombre. En la obra, que hay que leer con urgencia en estos tiempos recios para las mujeres, la autora hace un recuento global de la historia y desarrollo del fenómeno y concepto de la VPG, propone una infraestructura teórica robusta para estudiarlo y una tipología muy útil para clasificarlo, haciendo del texto más un manual para la acción que solo una reflexión académica.
Al cierre, Humphrey refirió que la integración del registro mencionado es una decisión constitucionalmente válida; que ayuda a verificar si una persona cumple con el modo honesto de vivir que exige la propia constitución para aspirar a una candidatura y competir por algún cargo de elección popular; que busca garantizar que las mujeres puedan acceder a más y más cargos públicos de elección y ejercerlos en condiciones de igualdad y en espacios y condiciones libres de violencia. Informó además que, con perspectiva de género e interseccionalidad, se tuvo especial cuidado en asegurar que la permanencia en el registro sea agravada cuando la VPG se dirija contra mujeres indígenas, de la diversidad sexual, afro mexicanas o con discapacidad.
Temas como este pintan de cuerpo entero a sus proponentes y defensoras, naturalmente, pero también a la nación entera y al INE completo, al revelar cómo tratan a las mujeres: corazón, cerebro y alma de toda patria verdaderamente democrática.
gsergioj@gmail.com
@ElConsultor2

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/CR

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