La disputa por el sentido de la comunicación requiere una reflexión profunda y urgente, por lo menos, en algunos países de América Latina que experimentan relevos políticos. La concentración mediática, la manipulación informativa y la subordinación de la comunicación al interés privado, debilita la cadencia y sentido de las democracias; estas enfrentan, por decirlo suave, presión de orden económico, partidista y conflicto simbólico, donde se define qué narrativas se legitiman y cuáles se silencian.
La información se convierte en mercancía; bajo este paradigma, los medios de comunicación dejan de actuar como instrumento de interés público y adoptan una lógica de rentabilidad, que distorsiona la deliberación y el interés social. El resultado se expresa en pantallas, algoritmos y campañas que inducen miedo, desconfianza o indiferencia, con efectos directos en la participación ciudadana.
Democratizar la comunicación implica, hoy en día, retirar el control absoluto de quienes la han utilizado como una arma política; de abrir el espacio público a todas las voces. Las comunidades, los pueblos originarios, los trabajadores y los jóvenes necesitan condiciones para producir sus propias narrativas. Sin esta pluralidad, sentenciamos a la democracia a fallecer a través de un ritual vacío.
Los grandes monopolios operan como actores de poder; su capacidad para fabricar percepciones masivas modifican de raíz procesos electorales, acciones económicas y conflictos sociales, que, a su vez, crean democracias porosas, vulnerables a la propaganda disfrazada de información y a la manipulación construida en laboratorios de guerra psicológica.
La democratización exige también una soberanía tecnológica; ya que depender de las plataformas y herramientas digitales, particularmente las extranjeras, genera vulnerabilidad, ingrediente que afecta, de manera directa, la autonomía comunicacional. Por otra parte, la defensa al derecho de la información exige un marco normativo que garantice pluralidad, transparencia y participación ciudadana, sin caer en acciones autoritarias.
Por si esto fuera poco, la educación en el área mediática constituye otro eje imprescindible. Nos urge formar audiencia crítica, capaz de identificar un discurso manipulador, interés oculto o relatos construidos para inducir apatía o polarización. Si logramos tener una ciudadanía informada, podremos mediar el proceso democrático a partir de cuestionamientos, contraste y mediación.
En este contexto, democratizar la comunicación a partir de un relevo entre el área técnica a una condición ética, garantiza aspirar a una democracia más equilibrada en cada uno de aquellos Estados que experimenta un cambio de régimen político. Las sociedades sólo podrán elegir su destino si tienen la capacidad de comprender, debatir y disputar los significados que circulan en el espacio público.
En el caso de México, urge que los grupos políticos en el Congreso de la Unión “arrastren el lápiz, y perfilen un marco legal en materia de política y medios de comunicación para garantizar que en la próxima elección intermedia se garanticen las herramientas, los medios y las condiciones para democratizar los canales de de información, lo mismo privados que públicos; nacionales o extranjeros; tradicionales o redes.
Una democracia no puede existir sin una comunicación libre, plural y crítica; sin duda alguna, la libertad de un pueblo depende de su capacidad para narrarse a sí mismo. Frenemos a toda costa la tendencia de reducir a un vil espectáculo nuestra democracia.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017