Reelección: otra historia

Retomo el alegato del martes pasado sobre el origen y perspectivas de la reelección legislativa en el ámbito federal. Insisto, creo que la reforma de 2014 no cumplió con los altos estándares con los que fue concebida, pues dejó en manos de las maquinarias partidistas la posibilidad de la legisladora o el legislador de aspirar a la reelección. Luego de escuchar antier a Humphrey, Lujambio y a las Comisiones dictaminadoras del Senado, avanzo con más apuntes históricos.

En su sesión del 22 de enero de 2014, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión conoció el cómputo de votos aprobatorios de 18 legislaturas locales respecto del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. En consecuencia, hizo la declaratoria correspondiente de constitucionalidad y la turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

En esa sesión, según el diario de los debates, cuando menos dos legisladores se dolieron de las reglas entonces aprobadas en materia de reelección legislativa. El diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, expresó: “…Y por esa razón, hoy que se hace la declaratoria de reforma constitucional ratificamos nuestra posición política en contra de esta reforma que es una reforma para la partidocracia, es una reforma para el inmovilismo político y no es una reforma política para los ciudadanos. Es una reelección partidista a través del beneplácito de las cúpulas partidistas y no una reelección que premia el compromiso ciudadano de los representantes, su profesionalismo o su mandato con los electores. Es simplemente un mecanismo de control de las cúpulas del poder.”

El senador Manuel Camacho Solís, del PRD, señaló: “Se establece una reelección, pero no serán los ciudadanos quienes decidan, sino serán los partidos… es una reforma política que no termina por convencer… hemos hecho reformas que ahora son cuestionadas por quienes operan el sistema electoral, y con toda razón.”

La academia también se ha expresado en ese sentido. En su análisis de esta reforma, el Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Dr. Pedro Salazar, afirmó en un texto de 2018 para una antología del Fondo de Cultura Económica: “Esta limitante fue objeto de críticas y polémicas porque otorga a las organizaciones partidistas mucha capacidad de control sobre los representantes.”

Como puede observarse, el tema tiene un sustrato controvertido de origen y, aunque siempre seré partidario de fortalecer las funciones fundamentales del Congreso, en esta materia hago votos por un reajuste constitucional, para que en lugar de atender las aspiraciones de control de las élites partidistas, la norma suprema garantice efectivamente los derechos políticos de las y los ciudadanos, sobre todo los relativos a la rendición de cuentas y a ratificar o no a sus representantes en atención a su desempeño y gestión.

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