Comento ahora la propuesta priista de reforma electoral, aunque aún no la ha formalizado en una iniciativa ante la Comisión Permanente. La presentó su coordinador de San Lázaro, Rubén Moreira.
1. Reducir la Cámara de Diputados y Diputadas a 300 miembros. Serían 150 diputaciones de mayoría relativa y 150 de representación proporcional, limitando los porcentajes de sobrerrepresentación. Moreira fue enfático sobre la austeridad: si reducen los distritos, se reducirían las juntas distritales del INE, que implicaría ahorros sensibles.
2. La segunda vuelta presidencial se aplicaría para candidatos que no logren el 50% de los votos generales, aumentando la competitividad y generando la posibilidad de coaliciones para la segunda elección.
3. Crear la figura de Vicepresidencia de la República y sumarla a la candidatura presidencial. Se pretende que utilice su cargo para llevar la política interior y asista al Senado de la República, en un esquema que parece muy similar al del presidencialismo norteamericano. La idea sería, dice el PRI, separar la jefatura de estado de la de gobierno.
4. Contar con mayor libertad de expresión durante las campañas electorales. “Queremos eliminar restricciones que excedan a las originales de la libertad de expresión, como pueden ser ataques a la moral, a la vida privada, a derechos de terceros que provoquen delitos o que perturben el orden público.” Se le transferiría al Tribunal Electoral la autoridad completa en materia de libertad de expresión electoral, incluyendo las medidas cautelares hoy al cargo del INE.
5. Reducir anualmente en 10% el financiamiento público a los partidos políticos hasta llegar a 30% y ampliar en la misma proporción el financiamiento ciudadano. 6. Sistema Nacional de Protección Electoral para dar combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. El sistema estaría dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con un consejo integrado por el Gabinete de Seguridad, autoridades fiscales, FGR, INE y los gobernadores de los estados. Además, los partidos y autoridades quedarían obligados a revisar antecedentes financieros y penales de precandidatos, candidatos, familiares, equipos de campaña, directivos de los partidos, entre otras medidas innovadoras.
7. Transitar al voto electrónico en modalidad de urna electrónica, asegurando las condiciones de voto en el lugar establecido por las secciones electorales. 8. Nacionalizar plenamente los comicios. Se cerrarían los OPLES y se establecería una fórmula de cálculo fijo del presupuesto del INE y del Tribunal, sin que pueda ser alterado por la Cámara de Diputados.
9. Nombramiento de consejeros electorales. Sería sustituir la elección final que realizan los partidos políticos por un método de insaculación, de entre aspirantes ya en las quintetas propuestas por el Comité Evaluador.10. Fortalecer la autonomía y la eficiencia de la justicia electoral; cerrar los tribunales locales y que el nombramiento de magistraturas sea por insaculación ante la Suprema Corte.
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