Regulación Energética y los Derechos de los Pueblos Indígenas en México

La evolución del Estado regulador en México ha traído consigo ajustes constantes en sus instituciones, la creación de nuevas reglas para participar en los mercados y una mayor atención al ejercicio efectivo de los derechos en la vida pública. A partir de esta premisa, retomo aquí algunas de las reflexiones que compartí durante mi participación en el “Seminario Internacional Derecho, Desarrollo Energético y Energía: Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas, nuevas realidades”, celebrado en la UNAM, el INAP y la Escuela Libre de Derecho.

El Estado regulador surgió como una respuesta global a las limitaciones del mercado, con el objetivo de supervisar sectores estratégicos y asegurar el interés público. En México, la consolidación de dicho modelo se intensificó desde la década de los ochenta y culminó en un sistema híbrido de órganos técnicos con autonomía, en sectores como energía, telecomunicaciones y competencia económica.

A partir de diciembre de 2024, el país experimentó un cambio importante con la reforma constitucional de simplificación orgánica que extingue órganos constitucionales autónomos como la CRE, CNH, IFT y COFECE, y redistribuye sus diversas de sus facultades a la administración pública centralizada. Este proceso implicó una recentralización de la conducción estatal sobre industrias clave, destacando la energía como sector estratégico prioritario. Con la promulgación de un nuevo marco legal en marzo de 2025, se buscó fortalecer a las empresas públicas CFE y PEMEX como actores predominantes en el sector. Este reordenamiento, además de redefinir mercados, mantiene espacios para la participación privada bajo esquemas regulados por el Estado y alineados a la planeación energética nacional. Sin embargo, el Estado regulador mexicano contemporáneo no puede entenderse únicamente desde la óptica económica ni institucional. La realización de proyectos energéticos se inserta en territorios que han sido históricamente habitados y resguardados por pueblos indígenas y afromexicanos. Por ello, el marco jurídico nacional ha incorporado la consulta previa, libre e informada, reconocida constitucionalmente y derivada del Convenio 169 de la OIT, como garantía procedimental para su protección. Hoy, la Ley del Sector Eléctrico exige que la Secretaría de Energía lleve a cabo estos procesos de consulta en coordinación con empresas del Estado y demás actores interesados, asegurando la cultura jurídica que salvaguarde los derechos colectivos.

La inclusión de estos procedimientos constituye un mecanismo fundamental para la legitimidad social de la infraestructura energética, así como para generar una agenda de desarrollo respetuosa de la identidad y los territorios de las comunidades.

Nuestro país puede consolidar un modelo regulatorio eficaz, moderno y socialmente legítimo al equilibrar los mercados, además de reconocer y amplificar la voz de las comunidades indígenas y afromexicanas, protagonistas reales del futuro energético nacional.