Cada 10 de junio se recuerda uno de los episodios más cruentos de represión en la historia reciente de México: la matanza del Jueves de Corpus, también llamada ‘El Halconazo’. Este hecho ocurrió el 10 de junio de 1971, cuando una manifestación pacífica estudiantil fue violentamente reprimida en la Ciudad de México.
La marcha fue encabezada por estudiantes, en su mayoría de la UNAM y del IPN, quienes se movilizaron para apoyar una huelga en la Universidad de Nuevo León. Entre sus demandas se encontraba la defensa de la autonomía universitaria, así como otras causas sociales y políticas. La manifestación partió del Casco de Santo Tomás con rumbo al Zócalo capitalino. Los manifestantes portaban pancartas con frases como “Libertad a los presos políticos”, “Educación popular”, “Democracia sindical, democracia en la UNAM” y “Repudio a la antidemocracia”.
Sin embargo, a la altura de la estación Normal del Metro, los estudiantes fueron atacados por un grupo paramilitar conocido como los ‘halcones’, quienes actuaron en complicidad con policías y granaderos. Este grupo, compuesto por jóvenes y militares reclutados en zonas marginadas del entonces Distrito Federal, fue entrenado y financiado por el Estado mexicano, con apoyo de Estados Unidos, desde finales de los años 60.
Los ‘halcones’ utilizaron armas de grueso calibre, como pistolas calibre .45 y carabinas M-2, para disparar contra los manifestantes. Además, se reportaron múltiples casos de agresiones físicas letales. Todo esto ocurrió ante la presencia de cuerpos de seguridad locales que no intervinieron en los hechos. Se estima que al menos 120 estudiantes perdieron la vida durante esta jornada.
El presidente en funciones en ese entonces, Luis Echeverría, negó cualquier responsabilidad en los hechos. A raíz de esto, varios funcionarios de Seguridad Pública fueron señalados como presuntos responsables. No obstante, fue hasta el año 2001 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la “Recomendación 26/2001”, dirigida a la Presidencia de la República, solicitando la creación de una fiscalía especial para investigar el caso.
En esta recomendación, la CNDH afirmó que se violaron los derechos humanos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de reunión, a la libertad de expresión y a la protesta social pacífica. Así se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, aunque dicha instancia no logró avances significativos tras cuatro años de operación.
Posteriormente, la CNDH estableció una oficina especializada para investigar actos de represión y desaparición forzada vinculados con la violencia política del Estado. También emitió una recomendación general a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a autoridades federales y estatales, orientada a proteger el derecho a la democracia, la protesta social, la libertad de reunión y la libre asociación.