Cuando el padrón electoral estuvo en manos del gobierno tuvo fines corporativos que beneficiaron al PRI, cuando el padrón se fue al IFE, los datos fueron vendidos al mejor postor beneficiaron al PAN. Ahora, que se quiere meter orden en el listado, hablan de retroceso porque acusan al gobierno que querer manipularlo, lo cual es fácil de comprobar, se adelantan a señalar un delito que no se ha cometido.
Se hizo evidente que el padrón electoral mal habido desacreditó al partido que lo usó a su favor, dejaron de utilizarlo con esos objetivos, pero siguió en subasta desde 2003, por 200 mil dólares. En 2006, volvió a subastarse, esta vez en Tepito. En junio de 2012, su lugar de venta fue la Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México por 15 mil dólares. En 2013 otra vez se ofreció en venta a través de la plataforma buscar.com, fue vendido al Partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, que fue sancionado con mucha consideración y discreción.
En 2016, aparece el padrón en venta en la plataforma digital Amazon, y en 2018, el INE, también estuvo en oferta. Es decir, las dos últimas ventas se realizaron estando como presidente electoral Lorenzo Córdova.
Ahora, los mismos cómplices de sus ventas se rasgan las vestiduras ante lo que aseguran sería manipulado por el gobierno. Tratando de que la población olvide el mal uso electoral que realizó el PAN, todavía impune La derecha instalada en el INE no puede adivinar si hará mal uso, lo que puede comprobarse es que los actuales consejeros no quisieron sancionar en el pasado su venta.
El padrón es información sensible que afecta a todos los mexicanos, y es de utilidad para vender productos y servicios, espiar, secuestrar, localizar a personas, invadir la privacidad, allanar casas y miles de peligros que corren los habitantes del país.
Ahora, como se trata de echar abajo la propuesta del gobierno, incluida en el Plan B electoral, se olvidan de que gracias a su negligencia o complicidad el padrón se subastó en venta de garaje o en la Deep Web, sin investigación y sin castigo a los culpables que debieron trabajar en oficinas del INE, algunos de ellos, son los actuales defendidos por la derecha para que no sean despedidos, porque la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, como el resto de las direcciones ejecutivas pudieron, por mucho tiempo, enviar miles de copias para su venta.
La burocracia dorada instalada en el INE debe ser castigada por los que sancionó y por lo que dejó de hacerlo. Por las multas excesivas a unos partidos, y por las perdonadas a otros. La imparcialidad dentro de las conductas de los consejeros electorales debería ameritar cárcel. Sólo así habrá democracia en México y justicia en el INE.