La dignidad humana es un principio fundamental que trasciende todas las diferencias y fronteras, evoluciona y se nutre a través de la realización del proyecto de vida de cada persona, porque una sociedad que aspire a la igualdad y justicia debe garantizar las mismas oportunidades para todas y todos.
En ese sentido, la planificación familiar juega un papel importante en la búsqueda constante de alcanzar una vida plena y consolidar el proyecto de vida de cada persona, armonizando las aspiraciones individuales y las responsabilidades familiares, observándose no sólo como un tema de salud sexual y reproductiva sino también de derechos humanos. Todas las personas tienen derecho a recibir información y acceso a métodos anticonceptivos seguros y efectivos, así como a decidir sobre el número de hijas e hijos que deseen tener consolidándose como una herramienta para lograr una sociedad más justa y equitativa. Su importancia reviste al desarrollo social, económico y ambiental sostenible para lograr que todas las personas puedan vivir con dignidad, promover la igualdad de género y reducir la pobreza, por ello, el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos es un pilar fundamental de la planificación familiar.
Son diversos los países que enfrentan barreras ideológicas y culturales en torno a la sexualidad, limitando el acceso a información y servicios necesarios para que las personas tengan acceso a información y métodos anticonceptivos y así, planificar sus familias de acuerdo con sus deseos y circunstancias personales otorgando mayor control sobre su futuro y bienestar. Para superar las barreras ideológicas y culturales que obstaculizan el acceso a la salud reproductiva es fundamental adoptar políticas públicas progresivas con un enfoque de derechos, por lo anterior, el sector salud debe implementar los mecanismos necesarios para garantizar que todas las personas sin importar su género, edad, etnia o ubicación tengan acceso a información confiable y servicios de calidad para tomar decisiones informadas sobre su reproducción y promover el acceso equitativo a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductiva para todas las personas con independencia de su orientación sexual o identidad de género.
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la educación y métodos anticonceptivos para asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de las políticas públicas por parte de las autoridades y profesionales de la salud, a fin de salvaguardar los derechos de todas las personas y construir una sociedad más justa y equitativa para todas y todos, porque considerar el proyecto de vida como un derecho implica por parte del Estado que no se lesionen los derechos de las personas, respetando e impulsando la libertad para fomentar el libre desarrollo de la personalidad, que es esencial en la planificación del proyecto de vida.
María Rosete
#porlosqueamamos.