La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, ordenó la apertura de un incidente de incumplimiento de sentencia contra el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) por su negativa a reanudar los trabajos para la elección de jueces, magistrados y ministros previstos para junio próximo.
El Comité de Evaluación del PJF justificó su decisión de suspender actividades argumentando el cumplimiento de un amparo y medidas cautelares emitidas por un juez de distrito en Michoacán, lo que ha generado un conflicto con la resolución previa del TEPJF que exigía la reanudación del proceso electoral.
La medida tomada por la magistrada presidenta podría derivar en amonestaciones o incluso sanciones penales, dado que el mandato del proceso electoral es considerado de orden público e indispensable para garantizar el acceso a la justicia.
Conflicto entre resoluciones judiciales
Mientras el TEPJF revocó dos acuerdos del Comité y ordenó la continuidad del proceso electoral, el Comité optó por recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver la contradicción entre las resoluciones del juez de distrito y las del Tribunal Electoral.
Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF sostiene que está constitucionalmente facultada para garantizar el cumplimiento de sus fallos. En ese sentido, la apertura del incidente busca verificar el acatamiento de la sentencia emitida el pasado 22 de enero.
Garantizar la continuidad del proceso electoral
En su resolución, la magistrada Soto subrayó que el incidente de incumplimiento tiene como objetivo garantizar la justicia pronta y evitar retrasos en el proceso electoral extraordinario para elegir juzgadores federales durante el periodo 2024-2025.
Con este incidente abierto, se ordenó a la Secretaría General de Acuerdos del TEPJF registrar y documentar el caso en un cuaderno especial, marcando un nuevo capítulo en el conflicto entre las instituciones judiciales involucradas.
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