Dieciocho estados de Estados Unidos, junto con San Francisco y el Distrito de Columbia, han presentado una demanda contra el expresidente Donald Trump tras la firma de una orden ejecutiva que busca limitar la ciudadanía por nacimiento en el país. Los fiscales generales de los estados firmantes calificaron la medida como un acto “ilegal y anticonstitucional”, ya que, según argumentan, viola los principios de la 14ª Enmienda de la Constitución.
La demanda, encabezada por procuradores demócratas, busca bloquear la implementación de esta norma que estipula que los niños nacidos en territorio estadounidense no obtendrán automáticamente la ciudadanía si sus padres no tienen estatus migratorio regular o poseen visas temporales. De aprobarse, esta directriz afectaría a aproximadamente 150 mil niños al año, quienes podrían quedar desprotegidos legalmente y perder acceso a servicios esenciales como atención médica y educación.
Los estados firmantes subrayan que la 14ª Enmienda, promulgada tras la abolición de la esclavitud, establece un derecho fundamental para las personas nacidas en el país. Según los demandantes, el presidente no tiene autoridad para modificar este principio constitucional mediante un decreto, ya que cualquier interpretación corresponde exclusivamente a la Corte Suprema.
Matthew Platkin, fiscal general de Nueva Jersey, declaró: “El intento de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento es una violación flagrante de la Constitución. Es un acto extremo que atenta contra la esencia de nuestra nación”. Letitia James, fiscal general de Nueva York, añadió que este derecho está profundamente arraigado en los principios de justicia e igualdad del país.
Los demandantes advirtieron que la orden ejecutiva tendría graves repercusiones financieras en los estados, ya que podría reducir los fondos federales destinados a servicios para la infancia. Entre los firmantes de la demanda destacan estados como California, Nueva York, Colorado y Vermont, además de diversas organizaciones no gubernamentales en Massachusetts y New Hampshire que han presentado querellas similares.
Por su parte, la administración Trump justificó la medida afirmando que busca reforzar la seguridad fronteriza y disuadir la inmigración irregular. Sin embargo, los estados consideran que esta decisión agrava la crisis migratoria y promueve la exclusión social.
La demanda solicita una orden judicial preliminar para frenar la aplicación de la norma, que entraría en vigor en el próximo mes. Los tribunales federales se convierten nuevamente en el escenario de un enfrentamiento crucial entre la Casa Blanca y las autoridades estatales que consideran la medida inconstitucional.