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Una prensa libre e independiente para una sociedad más informada
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Columnas jueves 09 de mayo de 2019 - 03:09


En la sesión celebrada el 8 de mayo pasado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) votó unánimemente revocar la respuesta de la Oficina de la Presidencia de la República, para que realice una búsqueda exhaustiva y proporcione los nombres de las personas físicas y morales que hayan recibido recursos públicos por publicidad en cualquier tipo de medios de comunicación de 2012 a enero de 2019.


Comparto esta resolución del Pleno porque resulta relevante, al ilustrar las dinámicas entre los medios de comunicación y los gobiernos. Estamos convencidos que, el trabajo periodístico es un elemento indispensable para informar a la sociedad, para forjar una conciencia colectiva más crítica y contribuir al desarrollo democrático.

En México, el ejercicio periodístico enfrenta preocupantes desafíos. Además de estar sujetos a condiciones de falta de seguridad alarmantes, los periodistas encaran otras limitantes en el ejercicio de su profesión; por ejemplo, la garantía de sus derechos humanos, específicamente, la libertad de expresión. Muestra de ello, fue el informe “Libertad en el Mundo 2019, el cual encontró que la cobertura noticiosa en nuestro país se ve afectada por la dependencia a la publicidad oficial y subsidios gubernamentales.

Una vía para subsanar esta problemática, residirá en la correcta implementación de la Ley General de Comunicación Social, la cual establece que los medios de comunicación tienen garantizado el pleno ejercicio del desarrollo a la libertad de expresión en la contratación y difusión de propaganda gubernamental, así como la obligación de las autoridades para transparentar la contratación y manejo del presupuesto destinado a la comunicación social.

Frente a este escenario, se vislumbran distintos retos; para los medios de comunicación, actores centrales en el ejercicio del derecho a saber, el desafío se encuentra en la generación de contenidos periodísticos imparciales, veraces y oportunos; y, por otro lado, las autoridades deberán garantizar que la contratación de espacios en los medios no altere la política editorial ni afecte el ejercicio de la libertad de expresión.

Eso resulta significativo, ya que transparentar los recursos destinados a la comunicación gubernamental, coadyuva a garantizar el derecho a la información de toda sociedad, además es instrumento para una mayor rendición de cuentas y responsabilidad de los servidores públicos. La transparencia en las contrataciones públicas, en este caso de espacios en medios de comunicación, da certeza a la población de que el destino de los recursos públicos no tiene un manejo propagandístico o discrecional que pretenda beneficiar económicamente sólo a un medio o a un periodista.

Un buen gobierno requiere de una permanente comunicación efectiva que aliente el diálogo, estimule la participación ciudadana y sea tolerante al escrutinio y exigencia social.

•Comisionada del INAI

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/CR

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