En pleno proceso de redacción de la iniciativa presidencial de reforma electoral, conviene repasar la del Presidente AMLO del 5 de febrero de 2024, porque podría servir de orientación al gobierno federal actual para su propia propuesta.
AMLO propuso que la Cámara de Diputaciones se integraría por 300 en lugar de 500 diputaciones, electas mediante el sistema de listas votadas, una por estado, observando el principio de paridad de género: todas las listas serían integradas en forma alternada por mujeres y hombres. Además, cada partido encabezaría sus listas en las entidades federativas alternadamente por mujeres y hombres cada periodo electivo y cada fórmula se compondrá de personas del mismo género.
El Senado se compondría de 96 personas (3 por estado) en lugar de 128, elegidas mediante el sistema de listas estatales, y en su integración se observaría lo dispuesto en la norma respectiva para la colegisladora.
El financiamiento de los partidos nacionales y locales destinado al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes tendría que ser de origen exclusivamente privado y ya no del erario, como hoy. Solo los recursos destinados a sus campañas electorales provendrían del financiamiento público en parte, pero con una fórmula nueva, que reduciría los alcances de la vigente. El resto de dichos recursos deberían obtenerse de personas físicas mexicanas.
Para sustituir al INE propuso la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que organizaría todas las elecciones federales, locales y municipales, extinguiendo los OPLES y sus oficinas distritales y municipales. Sería autónomo, pero solo en los términos de la ley, y no de la constitución, como lo dispone la norma actual. No todos sus órganos serían permanentes (como lo son hoy) y no se le requeriría personal calificado (como se le exige hoy). Además, le correspondería solo la integración de la Lista Nominal pero no la del Padrón Electoral. Serían solo 7 Consejerías en lugar de 11; su encargo duraría 6 años en lugar de 9 y serían electas por voto popular.
Las autoridades electorales solamente podrían intervenir en los asuntos internos de los partidos para reposición de procedimientos por violaciones a su normativa interna o a derechos de la ciudadanía y en ningún caso podrían resolver nombrando dirigentes y candidaturas.
La Sala Superior del Tribunal Electoral se integraría por 7 Magistraturas, pero electas por voto popular y tendrían 6 años de gestión en lugar de 7. Además de cumplir los mismos requisitos que para ser integrante de la Suprema Corte, deberían “distinguirse por su probidad”. Se extinguirían los tribunales electorales estatales. Propuso también que “el ejercicio del voto podrá aprovechar las tecnologías de la información y comunicación de conformidad con lo que determine la ley.”
La revocación de mandato presidencial requeriría 33% (en lugar de 40%) de participación para tener efectos vinculantes. Le cuento más el próximo martes.
@ElConsultor2