Todas las personas nacemos como resultado de lo que algunos filósofos llaman “la lotería genética”. Nacemos en contextos y territorios que no elegimos; n esa medida, recibimos una lengua, nos rigen instituciones, nos marcan las desigualdades, y habitamos en medio de formas de comprender el tiempo y una determinada distribución de las posibilidades de vivir con dignidad.
Hay periodos, sin embargo, en las que esa herencia se vuelve especialmente problemática porque el mundo recibido comienza a desaparecer antes de que quienes llegan a él hayan podido comprenderlo; y en el caso de las y los adolescentes y jóvenes, lo que ocurre es que están ingresando a la vida adulta mientras, simultáneamente, se transforma aceleradamente el significado mismo de estudiar, trabajar, crear, conocer y relacionarse con los demás.
En México, esa transformación encuentra una arquitectura institucional insuficiente. Existen becas, programas de capacitación laboral, acciones comunitarias, políticas educativas y mecanismos de participación; para niñas, niños y adolescentes acaba de entrar en vigor el PRONAPINNA 2026-2030, que incluso incorpora entre sus objetivos la participación, el acceso a la información y los entornos digitales. Sin embargo, persisten problemas más profundos: educación, trabajo, salud, cultura, vivienda, participación y desarrollo tecnológico continúan apareciendo como dimensiones fragmentadas de una política pública que se supone debe acompañar a una existencia que, para quien la vive, constituye una sola experiencia.
Esta dispersión institucional coincide con una transformación tecnológica de dimensiones históricas. La inteligencia artificial está modificando las formas de producir conocimiento y está alterando profesiones, mercados laborales, procesos educativos y mecanismos de creación. Naciones Unidas advierte que las nuevas generaciones requieren urgentemente alfabetización digital, conocimientos sobre inteligencia artificial, comunicación y pensamiento crítico.
Frente a ello, debemos reflexionar en torno a que, enseñar a utilizar inteligencia artificial, sin preguntarnos para qué mundo estamos formando a las nuevas generaciones equivaldría a enseñar navegación sin discutir hacia dónde queremos viajar. Lo que está en juego es la autonomía. Quien desconoce la lógica de las tecnologías que median su acceso a la información, al trabajo, al lenguaje y crecientemente a la realidad misma corre el riesgo de convertirse en usuario de sistemas cuya racionalidad permanece fuera de su alcance.
De ahí que los derechos de adolescentes y jóvenes deban comenzar a pensarse desde una categoría que nuestras políticas públicas apenas alcanzan a formular: el derecho a tener certidumbre respecto del futuro. Esto significa educación capaz de formar pensamiento crítico y autónomo, y no solamente competencias; acceso universal a las tecnologías sin convertir la digitalización en una nueva frontera de desigualdad; protección frente a sistemas algorítmicos capaces de discriminar, manipular o excluir; trabajo digno en economías automatizadas; participación efectiva en las decisiones sobre tecnologías que determinarán buena parte de sus vidas.
Naciones Unidas ha formulado una idea decisiva: frente a la inteligencia artificial, las personas jóvenes deben ser también cocreadoras de un futuro digital más justo. Quizá ésa sea hoy nuestra mayor responsabilidad intergeneracional: conseguir que las y los adolescentes y jóvenes sean auténticos autores, y no esclavos del porvenir.