En 1993, el cardenal Jesús Posadas fue acribillado a plena luz del día, en el aeropuerto de Guadalajara. ¿La explicación oficial? Lo confundieron con un narco. Y en esa época no hacía falta más, los casos se cerraban con la versión oficial, aunque la sospecha o la incredulidad se mantuviese durante décadas. No sabemos cuándo terminó exactamente ese pacto entre el gobierno mexicano y una sociedad civil analgésica, pero su conclusión quedó bien clara cuando el entonces procurador Murillo Karam salió a "aclarar" los hechos acontecidos en Iguala con los 43 estudiantes desaparecidos, y en su conferencia dio también la tranquilidad de que tanto los autores materiales como los intelectuales, estaban ya funados ministerialmente. Nadie le creyó nada. Y ahí seguimos.
El impulso que desde 2024 ha retomado la figura presidencial en México no ha alcanzado a todos los brazos del gobierno, y mucho menos al de la procuración de justicia, que por conveniencia extendemos aquí al de la investigación policial, hoy maltrecha y repartida de manera indescifrable entre civiles, militares, y corporaciones que se dicen civiles y obligan a sus elementos a tener extracción militar. Un desmadre. Precisamente por ese entuerto, es débil la narrativa de que los mineros secuestrados en Sinaloa, tierra de nadie desde hace un buen rato, hayan sido confundidos con narcotraficantes, así sea cierto (y no digo que lo sea, no lo sabemos, ese es el tema).
Esa improbable confusión cardenalicia de mineros con delincuentes esconde, además, un subtexto de nuestra cultura política que me parece más perverso. Pareciera que esa confusión entre personas, que redunda en el asesinato de quien no era, es ante todo un error de buena fe de los asesinos, y debemos asumir que, en general, ellos solo se matan entre sí, y la gente de bien no tiene nada de qué preocuparse. Implícitamente, le concedemos a los criminales el derecho de "arreglarse entre ellos", por los medios violentos que sean necesarios. La creencia de que la venganza en el mundo criminal es justicia privada, y por eso justicia al fin y al cabo; la sola expresión "ajuste de cuentas" implica una intención kármica, de reestablecer un supuesto equilibrio. Por eso alguien lleva la cuenta, por eso los desajustes son visibles, y por eso hay que arreglarlos. A balazos. No sé si estoy logrando ser claro en esto, pero esa convicción en nuestro inconsciente colectivo es bien primitiva y bien perversa.
Esa noción de "ajuste de cuentas" no es un invento mexicano, sino un eco de estructuras mafiosas ancestrales que el historiador siciliano Salvatore Lupo describe en su Historia de la mafia. El autor explica cómo las mafias no solo delinquen, sino que se erigen en árbitros paralelos de la justicia, regulando disputas con violencia ritualizada para mantener un orden interno que simula equidad. En Sicilia, como en Sinaloa, el "pizzo" o la extorsión no es caos puro, sino un código que legitima la sangre como correctivo. Los narcos mexicanos, herederos de esa lógica transnacional, internalizan esa idea: el plomo no es barbarie ciega, sino un balance cósmico donde el traidor paga y el leal prospera.
Sobre el mismo tema, el uruguayo Norberto Emmerich advierte en sus reflexiones sobre el derecho y la violencia que esta tolerancia al "ajuste" es el veneno de las democracias fallidas. Emmerich argumenta que en sociedades donde el Estado es un fantasma intermitente, delegamos en los violentos la función de juez y verdugo, confundiendo su caos con soberanía popular primitiva. No es justicia kármica, es abdicación: renunciamos al monopolio de la fuerza legítima, como diría Weber, para que el cártel sea el pastor que cuida su rebaño de traidores. En el caso Posadas, esa delegación se hizo grotesca: un cardenal, con sotana y todo, reducido a "narco colateral" porque los Arellano Félix y el Chapo "ajustaban cuentas". La versión oficial, con sus 14 balazos a quemarropa, no convence ni al más crédulo; huele a encubrimiento, a pactos entre élites que Lupo llamaría "negociación mafiosa" con el poder.
Lupo nos recuerda que las mafias prosperan no solo por balas, sino por nuestra aquiescencia cultural: en Sicilia duraron siglos porque el Estado las toleró como folclore. Emmerich añade el filo ético: tolerar la justicia privada es suicidio colectivo, porque erosiona el pacto social hasta que todos, cuándo los matan, son sospechosos.