¿Dónde está Movimiento Ciudadano?

Justo cuando se necesita que el partido fije una posición, Movimiento Ciudadano parece haber desaparecido del mapa político a raíz del problema de seguridad que vive Jalisco. Aunque se presenta como la "nueva política" y la principal alternativa a los partidos tradicionales, en los hechos actúa como una fuerza que prefiere callar para no exhibir su debilidad, incluso si el costo es perder uno de sus bastiones más importantes: Jalisco.

La pregunta sobre la posición actual de Movimiento Ciudadano cobra especial relevancia tras la investigación en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, un caso que ha golpeado directamente al partido. La Fiscalía General de la República no solo ha vinculado al alcalde emecista con grupos del crimen organizado, sino que también ha exhibido las omisiones de las autoridades estatales y municipales, que desde 2021 habían sido advertidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre las actividades criminales que ahí se desarrollaban.

A partir de estos hechos, el gobierno de Jalisco parece haber quedado solo para enfrentar la crisis de seguridad, mientras los cuestionamientos crecen no solo por las omisiones recientes, sino también por las dudas sobre el papel del exgobernador Enrique Alfaro, cuya responsabilidad en este tema aún no ha sido aclarada. ¿Qué tanto sabía? ¿Fue omiso o cómplice? Son preguntas que siguen sin respuesta.

En medio de esta crisis, Movimiento Ciudadano Jalisco emitió un comunicado defendiendo al alcalde, asegurando que confían en que demostrará su inocencia y subrayando que fue electo y reelecto por la ciudadanía. Además, el partido exigió una investigación justa y sin tintes políticos, aunque reconoció que lo ocurrido en el rancho "sacude a toda la sociedad". Sin embargo, intentó deslindarse al afirmar que la violencia es producto de una crisis estructural que supera las capacidades municipales.

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus reiteró su respeto por las acciones de la FGR y pidió que las investigaciones se conduzcan sin motivaciones partidistas. Al mismo tiempo, defendió el derecho del alcalde a ser tratado bajo el principio de presunción de inocencia, a designar su defensa y a presentar sus pruebas.

Sin embargo, mientras las autoridades estatales intentan evitar confrontaciones con el gobierno federal, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano ha optado por el silencio. Ni el coordinador nacional Jorge Álvarez Máynez, ni otros líderes del partido se han pronunciado sobre el caso, lo que refleja las fracturas internas que arrastra el partido desde que Enrique Alfaro decidió no respaldar a Máynez como candidato presidencial.

En este escenario, incluso la oposición ha tomado la palabra. El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, acusó al gobierno de utilizar al alcalde como "chivo expiatorio" para deslindarse de responsabilidades, recordando que desde 2012 existen denuncias sobre el despojo violento del rancho, lo que sugiere que la problemática no es reciente ni exclusiva de un solo actor.

Lo cierto es que, hasta ahora, la única persona detenida es el alcalde de Teuchitlán, acusado con base en las declaraciones de personas previamente aprehendidas que lo señalan como colaborador del crimen organizado, presuntamente a cambio de sobornos para proteger las operaciones criminales en el rancho.

Mientras tanto, la dirigencia nacional del partido parece no dimensionar el impacto que este escándalo puede tener en su aspiración de convertirse en la principal fuerza opositora del país, precisamente al poner en riesgo su bastión más importante: Jalisco.

Por ahora, la reacción del partido a nivel local se percibe insuficiente para disipar las dudas sobre la responsabilidad del alcalde. Al mismo tiempo, el gobierno estatal parece resignado a cargar con el costo político de lo ocurrido, evitando confrontaciones con la Federación y la FGR.

Lo más delicado de este caso es el riesgo de que la justicia se utilice con fines políticos, como ha ocurrido en otras ocasiones en México, sin que se llegue realmente al fondo del problema, que no es exclusivo de Jalisco. El control territorial del crimen organizado se replica en muchas otras regiones del país, con o sin la complicidad de las autoridades locales.

Mientras tanto, Movimiento Ciudadano, atrapado en sus divisiones internas y su pragmatismo, prefiere callar justo cuando debería alzar la voz para exigir que se esclarezcan los hechos. Una omisión que, lejos de fortalecer su papel como alternativa política, lo hace parecer cada vez más perdido y desdibujado en el escenario nacional.

Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC