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¿Quién fue el ganador?

¿Quién fue el ganador?

Columnas miércoles 05 de agosto de 2020 - 00:59

La captura de José Antonio Yépez, El Marro, jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, ha generado diversas reacciones por parte de la opinión pública, entre las que destaca que pese a que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció la detención del capo haciéndose pasar como parte de ese logro, el operativo fue responsabilidad plena de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Armada de México.
En la historia reciente de la delincuencia organizada en México, Guanajuato se ha convertido en el estado con los más altos índices de criminalidad, con más de 2 mil 500 homicidios dolosos registrados entre enero-julio del presente año, cuando en el mismo periodo de 12 meses atrás, esa cifra se calculaba en mil 980, lo que revela un alarmante deterioro en los niveles de seguridad pública.
La guerra de acusaciones entre el gobernador y el gobierno federal ha sido intensa durante los últimos meses y probablemente arreciará en las semanas por venir, sobre todo por las reacciones violentas con las que el crimen organizado habrá de responder a la detención de su líder, pero más allá de la decisión de otorgar una condecoración a los auténticos responsables de la captura, los ciudadanos estaremos atentos al proceso en contra del capo y a las acciones para contener la ola de violencia en la que se halla sumida esa entidad.
Los enfrentamientos entre los tres niveles de gobierno son absurdos y estériles en un país al que se le han robado impunemente la seguridad y la paz social sin que hasta hoy haya visos de que el panorama vaya a cambiar positivamente en un futuro inmediato.
El clamor de los mexicanos por una auténtica seguridad pública es un grito que se escucha a lo largo y ancho del territorio nacional, es un reclamo al que ninguna autoridad debe prestar oídos sordos, es una exigencia entendible desde el punto de vista del que se le quiera ver.
Es cierto que en Guanajuato, (como en otras partes del país), es posible acusar a las autoridades de estar más preocupadas por el escenario político que por la seguridad pública, pero también es cierto que los guanajuatenses, (al igual que los habitantes de otras partes del país), tienen el legítimo derecho a la paz para seguir luchando en aras de mejores condiciones de vida.
Más allá del debate orientado a decidir si deben mantenerse en sus respectivos cargos los responsables de la seguridad pública, el esfuerzo de los tres niveles de gobierno debe centrarse en crear un frente común en contra de quienes siguen empeñados en ver a los mexicanos como parte de un patrimonio sustentado en la violencia, porque no sería extraño un reacomodo de los criminales en Guanajuato. ¿Quién fue el ganador?

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/CR

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