AMLO acusa a OEA de impulsar iniciativa para liberar a acusados de tema Ayotzinapa

Claudio Bolaños

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que buscarán que la iniciativa que busca eliminar la prisión preventiva oficiosa no prospere, y acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de impulsar esta iniciativa y expresó su desconfianza en la Corte interamericana de Derechos Humanos ( CIDH), por pretender liberar a los acusados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Aseguró que esta corte “es manejada desde el gobierno de Estados Unidos”.

Ante la solicitud de la CIDH, realizada en 2023, para que México elimine la Prisión Preventiva Oficiosa por considerarla violatoria de los derechos humanos y contraria de la Convención Americana, dando un año para su cumplimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá y votará la eliminación del artículo 19 para erradicar el encarcelamiento de las personas antes de ser enjuiciadas.

López Obrador acusó a la CIDH de promover la libertad de quienes participaron en la

desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa bajo el argumento de que fueron

torturados.

Y Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, advirtió sobre los riesgos de

eliminar esta figura.

Dijo que el Poder Judicial no puede “asumirse como Estado mexicano, atraer el caso y resolver sin considerar a los otros Poderes de la Unión”, menos en lo referente a los cambios constitucionales, facultad que corresponde al Poder Legislativo y para los que se requieren el aval de dos terceras partes en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y la ratificación de loss Congresos locales.

Asimismo, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede declarar la nulidad de la Constitución, por el contrario, “debe proteger la Constitución, que es nuestra norma máxima”.

Afirmó que un tribunal internacional “no puede determinar, exigir, que cambiemos nuestra Constitución”.

Además, sostuvo que en casos donde las normativas están a la par y en los que la Constitución se contrapone con cualquier tratado internacional “siempre tiene que

prevalecer nuestra Constitución”.

Consideró que “no se puede tomar una decisión de esta magnitud” sin valorar los impactos en materia de seguridad y “sin hacerse cargo de que hay corrupción en el Poder Judicial y que “es darles entrada” a jueces que no dando la prisión preventiva puedan dejar en libertad a presuntos delincuentes.