Acceso al agua potable

El agua, un recurso esencial para la vida, enfrenta una crisis sin precedentes en México. A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU reconoció en 1948 el acceso a este líquido como un derecho fundamental, la realidad en el país evidencia grandes retos.

México vive un estrés hídrico alarmante. Entidades como Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas, Chihuahua, Hidalgo, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Morelos, Jalisco y Tamaulipas enfrentan escasez crónica debido a su condición desértica. En estas regiones, el agua potable es un lujo limitado, y su distribución prioriza actividades económicas como el turismo o la ganadería, relegando a las comunidades locales.

En las zonas urbanas, como la Ciudad de México, el problema no es menos preocupante. Alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero o Cuauhtémoc, enfrentan un suministro irregular, donde el agua llega a través de tuberías sólo por horas. La falta de una infraestructura adecuada condena a miles de familias a depender de pipas o a pagar precios desmedidos por agua embotellada, lo que incrementa la carga económica en hogares ya precarizados.

Los grupos más vulnerables, como migrantes y comunidades indígenas, enfrentan las peores condiciones. En su tránsito hacia los Estados Unidos, los migrantes deben pagar precios exorbitantes por agua embotellada, enfrentando deshidratación y riesgos de salud. Las comunidades indígenas, por su parte, ven cómo sus territorios son despojados de recursos hídricos para proyectos industriales o agrícolas de gran escala, reduciendo su capacidad de subsistencia.

El acceso al agua no sólo es un problema de infraestructura, sino también de seguridad. En regiones como el Estado de México, las disputas por el agua han escalado a niveles de violencia letal. Por ejemplo, el agua que fluye del Nevado de Toluca, esencial para comunidades y agricultores, ha sido motivo de conflictos que han dejado muerte y detenciones.

Las disputas no son exclusivas del campo. En zonas urbanas, la privatización y el mal manejo del agua han generado protestas y tensiones sociales. La falta de transparencia en la gestión del recurso y la corrupción son problemas recurrentes que requieren atención inmediata.

En este contexto, el Acuerdo Nacional para el Acceso Humano al Agua Potable impulsado por Claudia Sheinbaum, busca coordinar a los tres niveles de gobierno, poblaciones, colectivos sociales, universidades, científicos y empresas para garantizar un acceso sostenible al agua.

Entre las estrategias más prometedoras se encuentra la promoción de tecnologías de recolección de agua de lluvia, una solución que ha demostrado eficacia en comunidades de la Ciudad de México. Este modelo podría replicarse a nivel nacional, beneficiando tanto a zonas rurales como urbanas.

El éxito de este acuerdo dependerá de la asignación presupuestaria que se apruebe en la Cámara de Diputados. Sin recursos suficientes, las promesas de cambio podrían quedarse en simples declaraciones. La inversión en infraestructura hídrica, sistemas de saneamiento y tecnología será crucial para revertir décadas de negligencia y asegurar un futuro sostenible.

Hay que tomar en cuenta que, no sólo se pone en riesgo la vida de las personas en el territorio nacional, sino que también, el desarrollo de los pueblos originarios, la base que nos da cultura e identidad como mexicanos.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017