Justicia, la prioridad.

El primer Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana fue instalado en Ario de Rosales, Michoacán, en 1815. La fundación del Tribunal inspiró la frase de José María Morelos y Pavón: “Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”.

Doscientos cinco años después, la consigna de Morelos sigue esperando mejores tiempos. Especialmente, veo con enorme preocupación que la justicia a nivel local funciona cada vez más como un sistema de obstrucción y no de solución.

Así lo denunció expresamente en la última conmemoración de la promulgación de nuestra Constitución de 1917 -5 de febrero de 2020- el Ministro Presidente de la Corte Arturo Zaldívar, señalando que: “este modelo constitucional de justicia está aún lejos de ser una realidad para la gran mayoría de los mexicanos (…) la prevalencia de clientelismos, redes de tráfico de influencias, nepotismo, conflictos de interés y corrupción siguen siendo el principal obstáculo para que toda persona, cualquiera que sea su origen, condición o circunstancia, tenga a su alcance la posibilidad de defender y hacer valer los derechos que le asisten”.

¿Por qué es tan preocupante que la justicia a nivel local no sólo no mejore, sino que esté inmersa en un proceso de profunda descomposición? Porque como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las y los jueces naturales son los más cercanos a la sociedad, por lo tanto, son quienes pueden resolver con mejores elementos lo que la ciudadanía reclama en cada caso, en una palabra, ellos son quienes determinan el destino de la justicia más cercana a las personas.

Esa es la justicia que tendría que ser prioritaria para los congresos y ejecutivos estatales, quienes deberían construir -como se hizo a nivel federal con las reformas de 1994 y 1996- auténticos sistemas de justicia objetivos, imparciales, autónomos, profesionales y con una sensibilidad hacia las necesidades de las personas, sacando definitivamente las manos políticas de la función judicial.

La justicia cotidiana, que es la que se vive a nivel local, permite las interacciones ordinarias y facilita la convivencia armónica y paz social, de ahí su enorme importancia.

Con frecuencia las entidades federativas defienden con vehemencia su régimen interior, defensa que se fortalece cuando se trata del federalismo judicial. Pues bien, el primer paso para avanzar hacia un sistema de justicia local fuerte no es eliminando la vía del amparo directo, sino estableciendo un sistema de tribunales que no trabajen para el mejor postor, y en el que la corrupción sea combatida; que cuente con el número suficiente de tribunales y personal profesional y de carrera bien remunerados, a fin de que sea de calidad y expedita, en una palabra, que los conflictos se resuelvan de fondo, buscando pacificar y restituir a la normalidad las relaciones sociales, para que todos tengamos certeza sobre nuestros derechos.