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La Ciudad de México, en su imparable crecimiento vertical, ha hecho del condominio una forma de vida para millones. Sin embargo, detrás de la promesa de una convivencia organizada y servicios compartidos, se esconde una problemática cada vez más denunciada: el calvario que viven las minorías de condóminos frente a administraciones que operan con la opacidad y la impunidad de verdaderas mafias, a menudo en flagrante complicidad con los comités de vigilancia. Urge una reforma legislativa que devuelva el poder a los vecinos y sancione a los malos gestores.
Los números, aunque a veces fríos, pintan un panorama preocupante. Según datos que podrían reflejar las tendencias observadas por la Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC) hacia principios de 2025, las quejas relacionadas con la administración de condominios habrían experimentado un incremento sostenido, quizás superior al 20% en los últimos tres años. De estas, un porcentaje alarmante, que podría rondar el 65%, se centraría en irregularidades financieras, falta de transparencia en el gasto y nula rendición de cuentas. No se trata solo de errores administrativos; hablamos de un patrón donde las cuotas vecinales parecen evaporarse sin justificación clara, mientras las áreas comunes se deterioran y los servicios prometidos brillan por su ausencia.
Más allá de las cifras de la PROSOC, un indicador aún más grave es el número de casos que escalan a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aunque no todas las disputas condominales terminan en denuncias penales, fuentes extraoficiales y análisis de tendencias sugieren que las querellas por presunto fraude, abuso de confianza y administración fraudulenta vinculadas a la gestión condominal no son hechos aislados. Se habla de investigaciones abiertas donde los administradores, profesionales o condóminos, son acusados de desviar fondos, inflar costos de mantenimiento o, en casos extremos, de intimidar y acosar a quienes se atreven a cuestionar su gestión.
Para las minorías dentro de estos condominios, la vida se convierte en una lucha desgastante. Son vecinos que pagan puntualmente sus cuotas, que exigen el cumplimiento de la ley y los reglamentos internos, pero cuyas voces son sistemáticamente ahogadas. "Es como gritar en el vacío", comenta una residente de la alcaldía Benito Juárez, quien ha intentado por más de dos años, junto con un pequeño grupo de vecinos, remover a una administración profesional que se niega a presentar estados de cuenta detallados y cuyas decisiones de gasto son unilaterales. "Convocar a una asamblea para removerlos es casi imposible. Manipulan el padrón, introducen cachirules, intimidan a otros vecinos, y el Comité de Vigilancia, que debería ser nuestro aliado, es su principal cómplice. Se reeligen entre ellos una y otra vez".
Esta "alianza perversa" entre administradores y comités de vigilancia es el núcleo del problema. La Ley de Propiedad en Condominio establece que el Comité de Vigilancia debe supervisar al administrador, pero en la práctica, muchos comités se convierten en extensiones del poder del administrador. A cambio de prebendas, trato preferencial o simple apatía, omiten sus funciones de fiscalización, validan decisiones irregulares y obstaculizan cualquier intento de auditoría o cambio. Este fenómeno permite que administraciones ineficientes o corruptas se perpetúen, a veces por años, transformando el sueño de una propiedad bien gestionada en una fuente constante de estrés y conflicto.
La situación se agrava con la figura de los "administradores profesionales". Si bien muchos ofrecen un servicio ético y eficiente, existe un segmento que ve en los condominios un mero negocio lucrativo, gestionando múltiples edificios con un mínimo de atención personalizada y un máximo de extracción de recursos. Datos que podrían inferirse de los registros de la PROSOC indicarían que ciertas empresas administradoras acumulan un número desproporcionado de quejas en diversos condominios, evidenciando un modus operandi problemático que se repite. Además, la táctica de crear nuevas razones sociales para eludir los límites de reelección o un historial negativo es una burla a la ley y a los condóminos.
Ante este escenario distintas asociaciones civiles como "Red de colaboración para el bienestar A.C.", busca ofrecer una solución tangible. La propuesta de una iniciativa de reforma que resulta es audaz y necesaria: dotar a la PROSOC de la facultad de remover a administradores, ya sean condóminos o profesionales, que acumulen un historial comprobado de mala praxis. Esto se activaría, por ejemplo, tras cuatro quejas sustentadas en pruebas fehacientes y violaciones a la ley condominal, o después de dos procedimientos administrativos sancionadores firmes en su contra.
Quizás el elemento más innovador y potencialmente transformador de la reforma es la creación de un Padrón de Administradores Inhabilitados. Este registro público impediría que aquellos gestores que han sido removidos por faltas graves puedan simplemente mudarse al condominio de al lado o registrar una nueva empresa para seguir operando. Sería un golpe directo a la impunidad y un mecanismo de protección para futuras comunidades.
Implementar una reforma de esta naturaleza no será sencillo y seguramente enfrentará resistencias. Sin embargo, sus beneficios potenciales para la calidad de vida urbana en la Ciudad de México son inmensos. Fortalecería los derechos de los condóminos, especialmente de las minorías que hoy se sienten desamparadas. Fomentaría una cultura de rendición de cuentas y profesionalismo en la administración de condominios, y, sobre todo, enviaría un mensaje claro: la gestión condominal es un servicio a la comunidad, no un feudo para el beneficio personal. Es hora de que la ley se ponga del lado de los vecinos que solo buscan vivir en paz y ver sus aportaciones reflejadas en un entorno digno y bien administrado. La tranquilidad de miles de hogares capitalinos bien lo vale. Si necesita asesoría o quieres apoyar la iniciativa escribe al correo redcbienestar@gmail.com