Más allá de la reforma legal: el verdadero desafío es la capacidad institucional

Columnas martes 19 de mayo de 2026 -

En América Latina, las reformas legales se han convertido en la respuesta más frecuente frente a problemas públicos complejos. Sin embargo, el aumento en la producción normativa no se ha traducido, en muchos casos, en mejoras sostenidas en el desempeño institucional. El problema no parece radicar en la ausencia de normas, sino en la capacidad de las instituciones para hacerlas funcionar.

El estudio Institutional Capacity for Policy Implementation: An Analytical Framework (Banco Mundial, 2026) propone entender la capacidad estatal como el resultado de la interacción entre factores organizacionales —capacidades administrativas, recursos financieros, sistemas de información y prácticas de gestión— y elementos de gobernanza como la rendición de cuentas, la transparencia y la independencia institucional. Bajo este enfoque, los problemas de implementación no responden a una sola causa, sino a fallas simultáneas en varios de estos componentes, lo que limita el impacto de intervenciones centradas exclusivamente en uno de ellos, como la reforma normativa o el aumento presupuestario.

De forma complementaria, el informe Foundations for Growth and Competitiveness 2026 de la OCDE subraya que las políticas públicas operan dentro de sistemas interdependientes. Su efectividad depende de la coherencia entre condiciones habilitantes —capital humano, calidad institucional, infraestructura y estabilidad macroeconómica— y los incentivos que estructuran la asignación de recursos. En este sentido, las reformas legales constituyen un insumo necesario, pero no suficiente: sus efectos dependen de su articulación con capacidades institucionales y entornos que permitan su implementación efectiva.

Este marco resulta particularmente relevante al observar el desempeño del Estado de derecho a nivel regional. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project reporta para América Latina y el Caribe un promedio de 0.51, lo que refleja tanto avances como desafíos persistentes en ámbitos como la aplicación efectiva de la ley, los controles al poder y la integridad del sector público. En este contexto, la brecha entre el diseño formal de las normas y su operación práctica se mantiene como un rasgo estructural.

El caso mexicano es ilustrativo en términos de dinamismo normativo. Desde la promulgación de la Constitución de 1917, el texto ha sido objeto de una actividad reformadora constante: la Cámara de Diputados registra actualmente 268 decretos de reforma constitucional que han modificado de manera sustantiva múltiples disposiciones de un ordenamiento originalmente compuesto por 136 artículos. Este proceso ha permitido actualizar el marco jurídico en áreas clave como derechos humanos, justicia penal, transparencia, competencia económica y diseño institucional del Estado.

Sin embargo, la evidencia comparada sugiere que la acumulación de reformas no se traduce automáticamente en una mayor capacidad estatal ni en una mejora proporcional del Estado de derecho. El impacto de las reformas depende críticamente de su implementación, lo cual requiere capacidades administrativas, profesionalización del servicio público, sistemas de gestión robustos y marcos de gobernanza que garanticen rendición de cuentas, transparencia e independencia.

En términos prácticos, esto implica que el fortalecimiento institucional debe abordarse como un problema sistémico y no exclusivamente normativo. La adopción de nuevas disposiciones legales sin el desarrollo simultáneo de capacidades organizacionales e incentivos adecuados tiende a generar resultados limitados, o incluso a ampliar la distancia entre el marco formal y su operación real. Más que seguir acumulando reformas, el desafío de fondo es construir instituciones capaces de hacerlas efectivas.