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Parlamento Europeo pide a México protección a periodistas y activistas; lamenta impunidad
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El Parlamento Europeo pidió a las autoridades mexicanas garantizar la protección y creación de un entorno seguro para los periodistas y defensores de los derechos humanos.
Mediante una resolución aprobada con 607 votos a favor, dos en contra y 73 abstenciones, la Cámara destacó que “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”.
Recordó que desde el inicio de 2022 han sido asesinados siete periodistas.
Por ello, los eurodiputados resaltaron que la situación se ha agravado desde las últimas elecciones presidenciales de julio de 2018, pues desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 47 periodistas han sido asesinados.
La resolución advirtió un problema claro de impunidad, ya que alrededor del 95% de los homicidios de periodistas siguen sin ser esclarecidos.
“El Parlamento observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del gobierno mexicano contra los periodistas y su labor”.
En ese sentido se refiere a la “retórica populista” de López Obrador en sus conferencias de prensa para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas.
Piden a las autoridades que se abstengan de cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación y también a los defensores de los derechos humanos.
Al respecto, detallaron que desde diciembre de 2018 al menos 68 activistas de derechos humanos han sido asesinados en México.
El Parlamento también subrayó la existencia de que el Gobierno de México ha utilizado herramientas de piratería telefónica destinadas para luchar contra los cárteles, incluido el programa espía Pegasus, contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
Finalmente, advirtió que las reformas en materia electoral y judicial impulsadas por López Obrador atentan contra el Estado de Derechos y la seguridad jurídica. También mostró inquietud ante una propuesta legislativa que busca limitar la participación cívica de las ONG con financiación extranjera.
Imagen: Cuartoscuro
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DM/CR
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