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Sin validez solicitud de desafuero a Cabeza de Vaca hasta que sea ratificada; Pablo Gómez
Nación
Claudia Bolaños
El presidente de la sección Instructora en San Lázaro, el diputado Pablo Gómez aseguró que mientras la Fiscalía General de la República no ratifica su solicitud de declaración de procedencia, para desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, “no tendrá validez y no se puede tomar en cuenta”.
Además, recordó que según lo determina la ley, la misma Cámara podría aperturar una investigación por su parte. “Si es necesario la Sección Instructora podrá hacer una indagatoria pues tiene fuerza legal para hacerlo”.
Entrevistado por el Contra Réplica el legislador morenista declinó hacer alguna apreciación personal sobre este tema, por lo que sólo explicó el procedimiento a seguir en la Cámara de Diputados, en caso de que sea ratificada a petición de la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero.
“Yo no sé nada, no lo he recibido todavía, Yo no tengo ninguna opinión, no puedo discutir este asunto porque es probable que me toque (en su carácter de presidente de la sección Instructora)”, resaltó.
Ante ello, abundó que una vez que la Fiscalía ratifique ante la Cámara, la Sección Instructora tiene tres días para notificar al inculpado, que existe la petición de la Fiscalía.
Entonces dicha Sección le entrega al inculpado toda la documentación y pruebas que la Fiscalía haya aportado dándole un plazo de 7 días para que responda y diga lo que a su derecho convenga; al término, haya respondido o no, da un plazo de 30 días para el periodo de pruebas.
Una vez los 30 días se elabora un proyecto para presentárselo al pleno de la Cámara,
“La Sección Instructora no toma ninguna decisión sino el pleno de la Cámara de Diputados que se constituye en órgano de procedencia en una sesión especial, distinta, con otras reglas a las de las sesiones de la Cámara”.
Podría participar, añadió Pablo Gómez, el fiscal o el agente del Ministerio Público, o ambos, el inculpado, sus abogados y los legisladores.
Antes la Sección tendría que informar a los legisladores qué pasa, para que el pleno se constituya en órgano de acusación.
Si el proyecto es rechazado en votación, se realiza otro proyecto con lo que indique el pleno.
En caso de un funcionario de una entidad federativa entonces se publica naturalmente la resolución pero se envía al Congreso local para que tome la decisión que requiera. “Se entiende que debe hacerle caso porque la Cámara de Diputados aborda estos temas cuando se trata de un delito de carácter federal”.
El último caso en el que se desaforó a un servidor público, fue el del diputado Cipriano Charrez y se le puso a disposición de las autoridades del Estado de Hidalgo, tras verse involucrado en una accidente automovilístico y huir del lugar sin ayudar a una persona que murió calcinada al interior de su vehículo.
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JA/CR
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