Un día como hoy, hace exactamente 21 años, entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aquella que dio origen al hoy denominado: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, antes IFAI, éste último creado oficialmente el 25 de octubre de 2002). Con este motivo es necesario hacer algunas reflexiones al respecto.
Entre los fundamentos primordiales del concepto de Democracia, destaca la noción del conocimiento, aquel que da sentido y certeza a todo lo que hacemos, creemos y entendemos a lo largo de toda nuestra vida.
El conocimiento es el fino entramado de nuestra realidad y, su ausencia, es fuente de incertidumbre. Dicha carencia es, en muchos sentidos, encontrar una nueva vereda por cruzar, que comienza como reto y concluye como Principio de Vida, comenzando así, con la formación social de la ciudadanía.
El acceso a la información, especialmente en esta época, es de vital importancia para entender nuestro entorno por demás complejo y dinámico, y con ello y con ello fortalecer el sistema democrático que erige nuestra nación.
Sin lugar a dudas, este acceso antedicho representa un Derecho Fundamental de quienes vivimos en sociedades democráticas, especialmente, cuando se trata de datos que dan cuenta del acontecer de Instituciones que reciben y ejercen recursos públicos, respecto de los cuales los ciudadanos somos contribuyentes.
Cuando esa información es manipulada, encubierta o simplemente inaccesible, sobreviene en nosotros aquella singular noción forjada por Paul Ricoeur: La Hermenéutica de la Sospecha.
Así, ocurre que cuando los datos no coinciden con el discurso público, desarrollamos un “malestar generalizado” o una inconformidad. Peor aún, cuando dichos datos nos son negados por la falta de aplicación de la ley, como medida de protección a sistemas de intereses particulares.
Aquello que yace escondido al fondo de la prohibición de acceso, nos excluye de un derecho democrático, quizás porque las críticas razonables y las objeciones pueden resultar incómodas.
Defendamos nuestro derecho a saber, conocer, entender y proyectar nuestro entorno político, sólo así podremos proponer soluciones alternativas, basadas en preceptos de Ley, que nos abran un porvenir favorable e inclusivo.
El Tribunal Electoral de la Ciudad de México es una institución comprometida con la transparencia y el acceso a la información pública, y, tenemos el firme compromiso de seguir contribuyendo para que, desde el ámbito electoral, se fortalezca la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Resolutivo: Felicito a los Institutos Electorales del Estado de México y de Coahuila, asi como al INE, por la organización del proceso electoral para la elección de gubernatura 2023.