Verdad y justicia para las víctimas de desaparición

México reconoció la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) en 2020. Para junio de 2021, en un hecho sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el carácter vinculante del CED. Nuestra nación fue la primera en aceptar la visita del CED en el 2021. Los avances han sido significativos hoy tenemos una Ley General de Desapariciones, existen comisiones de búsqueda en cada entidad federativa, sin embargo, no han sido suficientes, la impunidad sigue siendo una constante.

En esta ocasión escribo por aquellas madres, hermanas, hijas, tías, abuelas y amigas de quienes viven la desesperación pero también la esperanza de dar con el paradero de su ser querido, porque la desaparición de las personas es un hecho que afecta a la persona que desaparece, a su familia y a la sociedad misma porque vive con miedo.

La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención Universal, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Organización de las Naciones Unidas, son algunos tratados que reconocen la doble obligación que tienen las autoridades con las personas desaparecidas, esto es, de investigación y de búsqueda,

No obstante, en el 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Radilla Pacheco, condenó al Estado a continuar con la búsqueda efectiva y localización inmediata de la víctima o en su defecto, de sus restos mortales como una orden a la medida de reparación del derecho a la verdad.

En este orden de ideas, la desaparición de los 43 normalistas es un crimen de Estado que le arrebató a 43 familias el sueño de ver realizados a sus hijos, sueños que hoy son plasmados en libros, revistas e investigaciones, porque ¿donde están los estudiantes que desaparecieron en el 2014?.

Ocho años después los familiares y personas cercanas de las víctimas siguen en la incertidumbre de no saber la llamada verdad histórica de los hechos, debido a funcionarios que cometieron diversas irregularidades para sostener la “verdad histórica”, una “verdad” que atentó contra los derechos humanos de cientos de personas.

El derecho a ser buscado debe atenderse por todas las instituciones del Estado procurando la debida diligencia que debe aplicarse tanto en la obligación de búsqueda, como de investigación, lo anterior, como una garantía y respeto a los derechos humanos que se traduce en las acciones concretas realizadas, para hacer justicia a las personas desaparecidas y sus familiares.

Como legisladora, reconozco que el proceso de búsqueda de verdad y justicia deben continuar hasta encontrar a los 43 normalistas y a todos los hombres y mujeres que siguen desaparecidos, porque el derecho a la vida, la libertad, la seguridad e integridad de la persona, la seguridad jurídica, la igualdad ante la Ley, el debido proceso a la personalidad jurídica y la identidad, son sólo algunos derechos humanos que el Estado debe de garantizarle a todas las personas.

#porlosqueamamos