Por primera vez en la historia, las chilangas y los chilangos residentes en el extranjero votaron por una figura que los representará políticamente en el Congreso local: la Diputación Migrante. La ampliación de sus derechos político-electorales ha significado la posibilidad de ser votado o votada, a pesar de residir fuera del país. El reconocimiento de este derecho, con implicaciones extraterritoriales, ha tenido una serie de aciertos y, por otra, áreas de oportunidad que deben analizarse desde las perspectivas institucional y ciudadana.
Los Foros sobre la Diputación Migrante de la Ciudad de México, que el Instituto Electoral lleva a cabo, tienen como objetivo analizar y fomentar la mejora en la organización de la elección para este cargo público. Luego de que en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 se votó por primera vez esta figura, resulta necesario contar con retroalimentación, reunir diversas experiencias y puntos de vista de las y los principales actores en la organización de esta elección: instituciones, líderes migrantes, miembros de la academia, así como las propias personas que contendieron por dicho cargo.
En la primera de dos mesas de los Foros de la Diputación Migrante, se abordó el tema “Perspectiva institucional sobre Diputación Migrante de la Ciudad de México”, en la que personas representantes de instituciones nacionales y subnacionales reflexionaron acerca de los retos de dicha figura legislativa. Reconocieron que, aunque la votación para la diputación migrante aún es escasa, esto se debe a que es una figura relativamente nueva, sin embargo, conforme se vayan generando los avances legislativos en esta materia, se consolidará.
Durante el primer foro, también se expuso el panorama de los temas pendientes para la comunidad migrante, donde se coincidió en la necesidad de realizar campañas permanentes de vinculación y credencialización para el fortalecimiento de la participación y cultura cívica de la diáspora mexicana.
Para el Instituto Electoral, la importancia de la representación de las personas migrantes mexicanas que residen en el extranjero, radica en la obligación que tienen las autoridades y las personas funcionarias públicas de garantizar y proteger los derechos de esta población.
Si bien, todos los órganos gubernamentales tienen la obligación de proteger derechos humanos, independientemente de la situación de movilidad de la persona, pensar en que se constituya una figura específica que represente los intereses de las personas migrantes es una de las maneras más adecuadas de tutelar el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Acompáñenos al día dos de estos foros, que contempla un par de mesas donde especialistas intercambiarán experiencias acerca de la Diputación Migrante y que está programado para el próximo jueves 23 de septiembre.
Las experiencias recogidas de estos eventos serán plasmadas, para continuar y profundizar la relación con la diáspora capitalina a través de una estrategia permanente de vinculación.