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Columnas
Hace unos días, se anunció la repetición de la Encuesta Nacional sobre Adicciones. Más allá de los errores en la metodología o las fallas en los datos, este es el momento de mirar la realidad de frente. En México, la adicción dejó de ser un problema ajeno para convertirse en un dolor que nos toca a todos. Me atrevo a decir que en cada familia hay al menos un amigo, tío, primo, mamá, papá o hermano que enfrenta una batalla contra las adicciones. Y si no está en nuestra familia, lo vemos en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo, en la calle.
Para este momento, considero que la mayoría conocemos a alguien viviendo esta situación, muchas familias vivimos todos los días con la incertidumbre, el miedo y la impotencia de ver cómo la enfermedad consume a quienes más queremos,mientras el sistema de salud le da la espalda. Porque en México, ser adicto es casi una sentencia de muerte, no solo por el riesgo de sobredosis o la violencia relacionada con las drogas, sino por la ausencia de un Estado que garantice atención médica adecuada para quienes la necesitan.
El sistema público de salud está colapsado en muchas áreas, y cuando se trata de salud mental y adicciones, la situación es aún más grave. Las clínicas especializadas son insuficientes, los tratamientos son costosos y los programas de prevención prácticamente inexistentes. En muchas ocasiones, las familias terminamos recurriendo a centros de rehabilitación privados que operan sin regulación, en condiciones inhumanas y con métodos más cercanos a la tortura que a la terapia. Y cuando finalmente encontramos un lugar con profesionales capacitados, nos enfrentamos a listas de espera interminables y costos impagables.
Pero el problema no termina ahí. Porque las adicciones no solo destruyen a la persona que las padece, sino que arrastran con ellas a toda la familia. Padres, hermanos e hijos se convierten en víctimas colaterales, viviendo entre la angustia y el desgaste emocional, sin apoyo, sin herramientas para sobrellevar la situación. La carga de cuidar, de buscar ayuda, de sostener económicamente el tratamiento y de enfrentar el estigma social recae en quienes estamos cerca.
Nos encontramos en una crisis de violencia generada por desigualdades estructurales, la inseguridad se hace presente en muchos rincones del país donde el Estado por años fue ausente. Sin embargo, también estamos ante una crisis de salud pública que no puede seguir ignorándose. La repetición de la Encuesta Nacional sobre Adicciones es un recordatorio de que necesitamos datos precisos, sí, pero sobre todo, necesitamos acción. No podemos seguir viendo a los adictos como criminales o como fracasos individuales. Son personas enfermas, y como cualquier otro enfermo, merecen atención médica, tratamiento digno y una oportunidad de recuperación.
Mi hermano es más que su adicción. Es un hijo, un amigo, un joven con sueños que hoy parecen lejanos. Y como él, hay miles en México esperando que alguien les vea, que alguien les escuche, que el Estado les reconozca. No podemos permitirnos seguir ignorando un problema que ya está dentro de nuestras casas. La adicción no discrimina, no distingue clases sociales, y no entiende de cifras mal contadas. Es una realidad que nos atraviesa a todos, y si seguimos sin enfrentarla, nos seguirá cobrando vidas.
Es hora de dejar de mirar para otro lado. Es hora de exigir respuestas. Porque detrás de cada número en una encuesta, hay un rostro, una historia y una familia que hoy no duerme tranquila.