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Impunidad en la violencia contra periodistas

Impunidad en la violencia contra periodistas

Columnas miércoles 13 de abril de 2022 -

Desde el año 2000 más de 150 periodistas y trabajadores de diferentes medios han sido asesinados en México. Durante la actual administración 33 han perdido la vida en atentados y sólo en el primer trimestre de 2022 ocho han sido ultimados. En el último mes tanto el Parlamento Europeo como el Congreso de los Estados Unidos han externado su preocupación por la situación de la libertad de expresión y la integridad de los comunicadores en el país.

Aunque la secretaría de seguridad federal dio a conocer la semana pasada que se han vinculado a proceso a 21 presuntos responsables por los últimos homicidios, la situación sigue siendo preocupante porque se carecen de mecanismos preventivos consolidados y porque existe una amplia impunidad en estos hechos.

En contraste con lo señalado por la secretaría, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en su Índice Global, señala que México está entre los diez países con mayores tasas de impunidad en casos de periodistas asesinados.

Con datos oficiales es posible sostener que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la FGR, ha declinado investigar el 71% de los casos previamente presentados bajo el argumento que no estaban relacionados directamente con la libertad de expresión. Se estima que entre 2010 y 2021, más del 90% de los casos que lleva esta Fiscalía Especial han quedado impunes.

La impunidad tiene como consecuencia la limitación en la libertad de expresión y establece un medio altamente vulnerable. En otras palabras, los periodistas son blancos vulnerables por el crimen organizado y políticos que buscan silenciarlos.

Los homicidios y la desaparición son las expresiones más radicales de la violencia contra los comunicadores, pero no las únicas. También se llevan a cabo el acoso, vigilancia digital, extorsión, ataques en contra de las instalaciones donde trabajan, amenazas en contra del bienestar personal y familiar, y tortura. En ese sentido, la organización Artículo 19 documentó en 2021 más de 644 agresiones, esto es, una cada 14 horas; destaca el hecho que el Estado mexicano estuvo involucrado en dos de cada cinco agresiones. En los primeros tres años de la actual administración se han documentado 1,945 ataques contra la prensa, la cifra más alta para un trienio.

Aunque existe el Mecanismo para la Protección de Derechos Humanos y Periodistas, coordinado por la Secretaría de Gobernación, el cual contaba hacia marzo de 2022 con casi 1,560 personas bajo protección (515 periodistas), las medidas han sido insuficientes para evitar los atentados y homicidios. Se le ha criticado un deficiente análisis detrás de los servicios provistos, la lentitud en la respuesta a emergencias, la falta de tecnología, e incluso el uso de policía local para la protección de personas vulnerables, especialmente porque se ha identificado su participación en diversos atentados.

Este contexto en su conjunto lleva a escenarios de autocensura y limitación de la propia libertad de expresión, también está relacionado con el desplazamiento forzado de periodistas acompañado por diversas problemáticas personales. Un país democrático debe de aspirar a garantizar la libertad de expresión y no a condenar a periodistas ni promover la vulneración de sus derechos.

* Candidato a Doctor en Ciencia Política por la UNAM y fundador de la Consultoría SIE. Twitter: @jgt_00


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