Justicia Digital

Columnas lunes 06 de abril de 2026 -

Durante años hablamos de gobierno abierto, parlamento abierto y justicia abierta como si se tratara de una modernización incompleta. En paralelo, la noción de gobierno electrónico parecía una promesa administrativa: trámites en línea, portales institucionales y archivos digitales. Hoy ese horizonte quedó rebasado. La discusión ya no gira sólo en torno a abrir información o digitalizar ventanillas, sino a transformar la manera en que los poderes judiciales organizan y comunican su función.

Ese cambio ya tiene nombre: justicia digital. México Evalúa ha advertido que su futuro no se agota en usar inteligencia artificial, sino en revisar cómo incorporarla al sistema judicial con criterios de acceso, eficiencia y control institucional. CEJA, por su parte, ha señalado que en los dos últimos años la inteligencia artificial dejó de ser una tecnología emergente para convertirse en una herramienta ya incorporada, formal e informalmente, en la administración de justicia de las Américas. Y ése es un dato crucial: su adopción ha avanzado, muchas veces, sin estructuras claras de gobernanza.

La experiencia comparada confirma que no se trata de ciencia ficción. El Banco Mundial ha documentado que los modelos de Smart Court con módulos de pago electrónico se prueban en tribunales de China y Kenia, reduciendo pasos para presentar reclamaciones y aumentando la transparencia de las transacciones. También ha subrayado que la digitalización puede mejorar la interacción de la ciudadanía con la justicia, hacerla más accesible y reducir barreras geográficas históricas. La tecnología puede ayudar, sí, pero no sustituye la función jurisdiccional ni puede operar sin límites éticos, debido proceso, evaluación de riesgos y supervisión humana.

México debe asumir esta agenda con seriedad estratégica. No basta con trasladar inercias burocráticas al entorno digital ni con multiplicar plataformas. Se requiere rediseñar procesos, simplificar cargas, hacer más comprensibles las resoluciones, mejorar la experiencia de las personas usuarias y fortalecer la confianza pública en los tribunales. Si la innovación no amplía el acceso a los derechos, entonces sólo cambia el soporte, no la justicia.

En Coahuila, por ejemplo, ya se habla de dejar atrás el juzgado tradicional para dar paso al expediente digital, las notificaciones por WhatsApp y correo electrónico, y una reestructuración del trabajo judicial. Esa señal importa porque confirma que la justicia digital ya dejó de ser una abstracción académica: está entrando al lenguaje operativo de las instituciones mexicanas.

Flor de Loto: En ese contexto, es alentador que en la Suprema Corte aparezcan impulsos que buscan colocar el tema en la agenda institucional. Entre ellos se ubica SentencIA, proyecto asociado al ministro Arístides Rodrigo Guerrero. Ojalá prospere, no como apuesta personal, sino como visión de Estado. Porque una justicia verdaderamente digital no debe ser sólo más rápida o más moderna: debe ser más transparente, más accesible, más comprensible y más cercana a la sociedad.